El Banco Gallego firmó ayer en Madrid un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT (representan al 70% de la plantilla) para la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 99 empleados.
Los trabajadores de entre 59 y 63 años podrán salir de la entidad mediante prejubilaciones, con el 80% del salario bruto de convenio más el importe de la bolsa media de vacaciones.
En un comunicado, los sindicatos firmantes señalaron que otra de las medidas adoptadas por la entidad es el cierre de diez oficinas, todas ellas en Galicia. A estas sucursales hay que sumar las tres clausuradas en julio.
Asimismo, los sindicatos que suscribieron el acuerdo informaron de que se han pactado medidas de movilidad geográfica. Un máximo de 145 empleados serán desplazados de su oficina y, de ellos, un centenar se quedarán en una sucursal en un radio de 25 kilómetros. El resto se desplazarán a una mayor distancia, pero con 'condiciones económicas especiales', ligadas a los kilómetros y al alquiler de vivienda. En este último punto, la bonificación se aplicará durante dos años.
CC OO informó de que el excedente de personal calculado por el banco en sus servicios centrales es de 45 personas, que pueden acogerse a las prejubilaciones tanto en las instalaciones de Madrid como en las de A Coruña.
En declaraciones a Europa Press, el representante de la sección sindical de CC OO en el Banco Gallego, Arturo Cruzado, explicó que la entidad trasladó que su objetivo es mantenerse de forma 'independiente' en el sistema financiero y que, con la previsión de acometer estas prejubilaciones, realizó antes del verano una ampliación de capital.
Ahora, con la operación de integración anunciada por Banco Popular y Banco Pastor, la entidad, participada en un 49% por NCG Banco, aspira a mantenerse como 'el único banco gallego' y a continuar con una plantilla de más de 700 personas. En julio, indicó Cruzado, la dirección afirmó que el ERE se tramitaría 'sí o sí', con o sin acuerdo sindical, aunque su voluntad, añadió, era lograr un pacto.
Por su parte, se descolgó del acuerdo la CIG, que considera que el Banco Gallego está llevando a cabo el 'desmantelamiento' de los servicios centrales en Galicia. Pese a que en el acuerdo final se establece que las prejubilaciones pueden afectar a las oficinas de Madrid o de A Coruña, el responsable de la sección sindical nacionalista en la entidad, Andrés Río, duda de que se mantengan los servicios centrales en Galicia.
En un comunicado, los sindicatos firmantes señalaron que otra de las medidas adoptadas por la entidad es el cierre de diez oficinas, todas ellas en Galicia. A estas sucursales hay que sumar las tres clausuradas en julio.
Asimismo, los sindicatos que suscribieron el acuerdo informaron de que se han pactado medidas de movilidad geográfica. Un máximo de 145 empleados serán desplazados de su oficina y, de ellos, un centenar se quedarán en una sucursal en un radio de 25 kilómetros. El resto se desplazarán a una mayor distancia, pero con 'condiciones económicas especiales', ligadas a los kilómetros y al alquiler de vivienda. En este último punto, la bonificación se aplicará durante dos años.
CC OO informó de que el excedente de personal calculado por el banco en sus servicios centrales es de 45 personas, que pueden acogerse a las prejubilaciones tanto en las instalaciones de Madrid como en las de A Coruña.
En declaraciones a Europa Press, el representante de la sección sindical de CC OO en el Banco Gallego, Arturo Cruzado, explicó que la entidad trasladó que su objetivo es mantenerse de forma 'independiente' en el sistema financiero y que, con la previsión de acometer estas prejubilaciones, realizó antes del verano una ampliación de capital.
Ahora, con la operación de integración anunciada por Banco Popular y Banco Pastor, la entidad, participada en un 49% por NCG Banco, aspira a mantenerse como 'el único banco gallego' y a continuar con una plantilla de más de 700 personas. En julio, indicó Cruzado, la dirección afirmó que el ERE se tramitaría 'sí o sí', con o sin acuerdo sindical, aunque su voluntad, añadió, era lograr un pacto.
Por su parte, se descolgó del acuerdo la CIG, que considera que el Banco Gallego está llevando a cabo el 'desmantelamiento' de los servicios centrales en Galicia. Pese a que en el acuerdo final se establece que las prejubilaciones pueden afectar a las oficinas de Madrid o de A Coruña, el responsable de la sección sindical nacionalista en la entidad, Andrés Río, duda de que se mantengan los servicios centrales en Galicia.
