Telefónica deberá afrontar un coste de 2.600 millones de euros por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará sobre su plantilla en España, a razón de 400.000 euros por cada trabajador que se acoja al mismo, informó el secretario general del sector de telecomunicaciones de CC.OO., Jesús Vesperinas.
El representante sindical explicó que este coste, así como el 'posible' pago del desempleo, de entre 300 millones y 450 millones, según la empresa, y de entre 250 y 300 millones, según los sindicatos, es la razón fundamental de la compañía para justificar un Plan Social distinto de la memoria explicativa que la compañía presentó la pasada semana.
El grupo que preside César Alierta reformuló las condiciones del ERE, rebajando el número de afectados hasta los 6.500 trabajadores, desde los 8.500 empleados propuestos en la memoria explicativa, y el periodo de aplicación, que pasa de cinco a tres años, hasta finales de 2013.
'Después de dos horas discutiendo la memoria explicativa de la pasada semana, la empresa presenta un Plan Social que no corresponde a lo anterior', indicó Vesperinas, quien añadió que por esta razón se dirigirán al Ministerio de Trabajo para pedir que retrase el plazo máximo de la negociación fijado en 30 días y que empezó a contar la pasada semana.
El representante sindical precisó, no obstante, que la compañía 'formalmente, oficialmente y por escrito' no asume el coste por desempleo. En concreto, mencionó que uno de los puntos del Plan Social especifica que los empleados se comprometen a realizar los trámites necesarios para inscribirse en las oficinas de empleo y a solicitar esta prestación.
El grupo que preside César Alierta reformuló las condiciones del ERE, rebajando el número de afectados hasta los 6.500 trabajadores, desde los 8.500 empleados propuestos en la memoria explicativa, y el periodo de aplicación, que pasa de cinco a tres años, hasta finales de 2013.
'Después de dos horas discutiendo la memoria explicativa de la pasada semana, la empresa presenta un Plan Social que no corresponde a lo anterior', indicó Vesperinas, quien añadió que por esta razón se dirigirán al Ministerio de Trabajo para pedir que retrase el plazo máximo de la negociación fijado en 30 días y que empezó a contar la pasada semana.
El representante sindical precisó, no obstante, que la compañía 'formalmente, oficialmente y por escrito' no asume el coste por desempleo. En concreto, mencionó que uno de los puntos del Plan Social especifica que los empleados se comprometen a realizar los trámites necesarios para inscribirse en las oficinas de empleo y a solicitar esta prestación.
