El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto fianzas récord que superan los 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a diez altos cargos de Pescanova y seis sociedades, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. Tienen diez días para presentar la fianza y en caso de que no lo hagan se procederá al embargo de bienes.
Encabeza la lista el ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro, que deberá depositar 178,8 millones de euros. Le siguen Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas, que tendrán que entregar 125 y 54,7 millones de euros, respectivamente.
El magistrado impone en el auto, conocido ayer pero fechado el 16 de agosto, también fianzas de 69,4 millones a los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.
Además, la sociedad Pescanova S.A. tendrá que entregar en el Juzgado una suma de 54,8 millones, mientras que Inverpesca S.A, Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ISS Holding Limited y Inverlema S.L deberán depositar 69,4 millones de euros cada una.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios de sus inversores a la compra de acciones y nada tiene que ver con otras fianzas para eludir la prisión, algo que el juez podría imponer tras la declaración, que se producirá en octubre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova 'valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad' proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.
De hecho, el auto precisaba que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Ruz agregaba que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros 'no reflejaban la imagen fiel' de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.
En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.
Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.
Los imputados prestarán declaración ante el magistrado en el mes de octubre.
El magistrado impone en el auto, conocido ayer pero fechado el 16 de agosto, también fianzas de 69,4 millones a los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.
Además, la sociedad Pescanova S.A. tendrá que entregar en el Juzgado una suma de 54,8 millones, mientras que Inverpesca S.A, Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ISS Holding Limited y Inverlema S.L deberán depositar 69,4 millones de euros cada una.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios de sus inversores a la compra de acciones y nada tiene que ver con otras fianzas para eludir la prisión, algo que el juez podría imponer tras la declaración, que se producirá en octubre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova 'valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad' proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.
De hecho, el auto precisaba que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Ruz agregaba que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros 'no reflejaban la imagen fiel' de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.
En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.
Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.
Los imputados prestarán declaración ante el magistrado en el mes de octubre.
