La Comunidad de Madrid se sumó ayer a la de Castilla y León y a la de Extremadura, las tres gobernadas por el PP, en su pretensión de que el IVA Cultural, que el Gobierno subió del un 8 a un 21%, sea rebajado.
Así lo anunció ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien planteó la necesidad de 'modificar y revisar, en la medida de lo posible', el IVA cultural, si 'perjudica' la actividad y el desarrollo económico en ese campo.
El presidente transmitió personalmente su planteamiento sobre este asunto al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y 'cree' que el Gobierno lo comparte.
A finales del pasado mes de junio, las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una propuesta del PP para pedir al Gobierno central que reconsidere la subida del IVA Cultural y lo rebaje del 21% actual al 10%. Esta medida, según la propuesta, facilitaría el acceso de los ciudadanos a la cultura y contribuiría al mantenimiento del empleo vinculado a las industrias culturales.
No obstante, la única comunidad del PP que tomó ya una medidas efectivas de ayuda a las empresas del sector fue Extremadura, cuyo presidente, José Antonio Monago, ya pidió en octubre del pasado año al Gobierno que rectificara esa decisión, que calificó de 'error'.
El presidente transmitió personalmente su planteamiento sobre este asunto al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y 'cree' que el Gobierno lo comparte.
A finales del pasado mes de junio, las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una propuesta del PP para pedir al Gobierno central que reconsidere la subida del IVA Cultural y lo rebaje del 21% actual al 10%. Esta medida, según la propuesta, facilitaría el acceso de los ciudadanos a la cultura y contribuiría al mantenimiento del empleo vinculado a las industrias culturales.
No obstante, la única comunidad del PP que tomó ya una medidas efectivas de ayuda a las empresas del sector fue Extremadura, cuyo presidente, José Antonio Monago, ya pidió en octubre del pasado año al Gobierno que rectificara esa decisión, que calificó de 'error'.
