La canciller alemana, Angela Merkel, considera que el Gobierno chipriota debe presentar urgentemente un plan de rescate alternativo y que esta propuesta no puede incluir la participación en el plan de los fondos de pensiones nacionales.
El Gobierno alemán expuso hoy de nuevo, en una amplia batería de intervenciones, sus líneas rojas en torno a la crisis chipriota, a la vez que insistía en que el único interlocutor de Nicosia es la troika, compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
La canciller, en un encuentro a puerta cerrada con su grupo parlamentario que fue posteriormente difundido por los asistentes, se mostró tajante y aseguró que Nicosia no debe poner a prueba 'la paciencia' de la troika ni forzar sus límites, dilatando la presentación de un plan de rescate.
Estas mismas fuentes apuntaron que la jefa del Gobierno alemán criticó en este sentido la falta de comunicación y contactos durante días entre Nicosia y la troika.
La canciller, además, está en contra de la propuesta de que los fondos de pensiones públicos chipriotas contribuyan a los 7.000 millones de euros que el país debe recabar para obtener los 10.000 millones que, como máximo, le ofrece el Eurogrupo.
A este respecto, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, señaló poco después en un encuentro ordinario con medios de comunicación que a Berlín no le parece acertada esta opción, aunque subrayó que Nicosia aún no ha presentado su propuesta, el llamado 'Plan B', de forma oficial.
Por su parte, el líder del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, Volker Kauder, señaló que su partido considera que la inclusión de los fondos de pensiones de Chipre en un eventual fondo de solidaridad no es una 'propuesta adecuada'.
La idea de involucrar a los fondos de pensiones públicos ya la puso encima de la mesa Nicosia el pasado fin de semana, aunque la medida fue descartada por el Eurogrupo, explicó el portavoz del Ministerio de Finanzas alemán, Martin Kotthaus.
Sobre esta opción, Seibert afirmó que 'los países del euro han tendido su mano a Chipre', pero que 'hay unos principios a los que hay que ceñirse', indicando que la propuesta chipriota no pasa el corte.
El portavoz del Ejecutivo agregó que 'no queda mucho tiempo' para presentar alternativas al programa que acordó el pasado fin de semana el Eurogrupo, sobre lo que Kotthaus recalcó que el 'Plan A' -el que contenía el polémico impuesto sobre todos los depósitos- 'sigue sobre la mesa'.
Kotthaus agregó que cualquier propuesta debe -como lo hacía el 'Plan A'- tener en cuenta la sostenibilidad futura de las finanzas chipriotas, resolver los problemas del sistema financiero, mejorar la recaudación fiscal y acabar con el lavado del dinero en el país.
'Alemania quiere un futuro estable para Chipre dentro de la eurozona', zanjó Seibert.
El Parlamento chipriota tiene previsto votar hoy un total de nueve borradores de ley, en lo que se ha conocido como el 'Plan B', con el que se pretende reunir los 5.800 millones de euros que exige la troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros.
La serie de leyes prevén, entre otros, la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad, la restricción del movimiento de capitales y la consolidación de las entidades financieras.
Al denominado Fondo Nacional de Solidaridad se destinarán parte de las reservas de los fondos de pensiones y del seguro médico de los empleados públicos.
Este fondo estaría abierto a las donaciones de ciudadanos y empresas privadas, y podría incluir más adelante la oferta de la Iglesia de Chipre de hipotecar sus 'inmensas propiedades' e incluso posibles derivados financieros creados con las eventuales ganancias futuras de la extracción del gas.
La canciller, en un encuentro a puerta cerrada con su grupo parlamentario que fue posteriormente difundido por los asistentes, se mostró tajante y aseguró que Nicosia no debe poner a prueba 'la paciencia' de la troika ni forzar sus límites, dilatando la presentación de un plan de rescate.
Estas mismas fuentes apuntaron que la jefa del Gobierno alemán criticó en este sentido la falta de comunicación y contactos durante días entre Nicosia y la troika.
La canciller, además, está en contra de la propuesta de que los fondos de pensiones públicos chipriotas contribuyan a los 7.000 millones de euros que el país debe recabar para obtener los 10.000 millones que, como máximo, le ofrece el Eurogrupo.
A este respecto, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, señaló poco después en un encuentro ordinario con medios de comunicación que a Berlín no le parece acertada esta opción, aunque subrayó que Nicosia aún no ha presentado su propuesta, el llamado 'Plan B', de forma oficial.
Por su parte, el líder del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, Volker Kauder, señaló que su partido considera que la inclusión de los fondos de pensiones de Chipre en un eventual fondo de solidaridad no es una 'propuesta adecuada'.
La idea de involucrar a los fondos de pensiones públicos ya la puso encima de la mesa Nicosia el pasado fin de semana, aunque la medida fue descartada por el Eurogrupo, explicó el portavoz del Ministerio de Finanzas alemán, Martin Kotthaus.
Sobre esta opción, Seibert afirmó que 'los países del euro han tendido su mano a Chipre', pero que 'hay unos principios a los que hay que ceñirse', indicando que la propuesta chipriota no pasa el corte.
El portavoz del Ejecutivo agregó que 'no queda mucho tiempo' para presentar alternativas al programa que acordó el pasado fin de semana el Eurogrupo, sobre lo que Kotthaus recalcó que el 'Plan A' -el que contenía el polémico impuesto sobre todos los depósitos- 'sigue sobre la mesa'.
Kotthaus agregó que cualquier propuesta debe -como lo hacía el 'Plan A'- tener en cuenta la sostenibilidad futura de las finanzas chipriotas, resolver los problemas del sistema financiero, mejorar la recaudación fiscal y acabar con el lavado del dinero en el país.
'Alemania quiere un futuro estable para Chipre dentro de la eurozona', zanjó Seibert.
El Parlamento chipriota tiene previsto votar hoy un total de nueve borradores de ley, en lo que se ha conocido como el 'Plan B', con el que se pretende reunir los 5.800 millones de euros que exige la troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros.
La serie de leyes prevén, entre otros, la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad, la restricción del movimiento de capitales y la consolidación de las entidades financieras.
Al denominado Fondo Nacional de Solidaridad se destinarán parte de las reservas de los fondos de pensiones y del seguro médico de los empleados públicos.
Este fondo estaría abierto a las donaciones de ciudadanos y empresas privadas, y podría incluir más adelante la oferta de la Iglesia de Chipre de hipotecar sus 'inmensas propiedades' e incluso posibles derivados financieros creados con las eventuales ganancias futuras de la extracción del gas.
