La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, una decisión por la que el Gobierno español anunció que adoptará 'medidas contundentes'.
Tras una reunión del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, el Ejecutivo de Madrid condenó la 'decisión arbitraria' tomada por Argentina, e informó de que tomará las decisiones que considere convenientes en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas.
El titular de Exteriores leyó una declaración del Ejecutivo español en la que se afirma que la decisión argentina 'rompe el clima' de tradicional amistad y cordialidad en las relaciones entre ambos países y añade que España tomará medidas 'claras y contundentes'. Añadió que el Gobierno se puso en contacto con la UE para pedirle que se trate el conflicto en Estrasburgo en la sesión del Parlamento Europeo.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, dijo que 'una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios' en el país suramericano.
INTERÉS PÚBLICO NACIONAL
El negocio de YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de la petrolera española Repsol y alrededor del 40% de sus reservas. Tras el anuncio del Gobierno argentino, la cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en las Bolsas de Buenos Aires, Nueva York y México.
Una delegación del Gobierno argentino se presentó en la sede de YPF, expulsó de las dependencias a varios directivos españoles y ordenó cambios en los sistemas de seguridad de la sede empresarial, indicaron fuentes de la petrolera argentina. La delegación estaba encabezada por el representante del Estado argentino en el directorio de YPF, Roberto Baratta. En un acto ayer en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de 'interés público nacional' el sector de hidrocarburos. De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, según el proyecto legislativo.
La presidenta Cristina Fernández dijo que su propuesta intenta poner fin a 'una política de vaciamiento' de YPF, 'con no producción y no exploración', lo que, en su opinión, convertiría a Argentina 'en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales'. La presidenta decretó que el titular del Ministerio de Planificación, Julio de Vido, asuma la dirección de la compañía, con la ayuda del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación.
El anuncio de la expropiación se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa.
El titular de Exteriores leyó una declaración del Ejecutivo español en la que se afirma que la decisión argentina 'rompe el clima' de tradicional amistad y cordialidad en las relaciones entre ambos países y añade que España tomará medidas 'claras y contundentes'. Añadió que el Gobierno se puso en contacto con la UE para pedirle que se trate el conflicto en Estrasburgo en la sesión del Parlamento Europeo.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, dijo que 'una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios' en el país suramericano.
INTERÉS PÚBLICO NACIONAL
El negocio de YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de la petrolera española Repsol y alrededor del 40% de sus reservas. Tras el anuncio del Gobierno argentino, la cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en las Bolsas de Buenos Aires, Nueva York y México.
Una delegación del Gobierno argentino se presentó en la sede de YPF, expulsó de las dependencias a varios directivos españoles y ordenó cambios en los sistemas de seguridad de la sede empresarial, indicaron fuentes de la petrolera argentina. La delegación estaba encabezada por el representante del Estado argentino en el directorio de YPF, Roberto Baratta. En un acto ayer en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de 'interés público nacional' el sector de hidrocarburos. De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, según el proyecto legislativo.
La presidenta Cristina Fernández dijo que su propuesta intenta poner fin a 'una política de vaciamiento' de YPF, 'con no producción y no exploración', lo que, en su opinión, convertiría a Argentina 'en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales'. La presidenta decretó que el titular del Ministerio de Planificación, Julio de Vido, asuma la dirección de la compañía, con la ayuda del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación.
El anuncio de la expropiación se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa.
