La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) aseguró que Clesa, compañía láctea del grupo Nueva Rumasa, acumula en estos momento una deuda de 7,5 millones de euros con 520 ganaderos de toda España, según las primeras estimaciones de esta organización, que fueron negadas por la empresa. El responsable de Producción Ganadera de la Comisión Ejecutiva de COAG, José Luis Iranzo, apuntó que la deuda corresponde a leche que está 'sin pagar o con pagarés devueltos'.
Iranzo subrayó que el grupo compra la leche a través de intermediarios, que son los que tienen que afrontar el pago a los ganaderos. COAG señaló que cerca de la mitad de los productores afectados se encuentran en Galicia, mientras que el resto se localizan entre Castilla-La Mancha (comarca de Talavera de la Reina), Aragón, Castilla y León (Ávila y Segovia) y Menorca.
En la mayor parte de los casos, los productores afectados llevan entre 3 y 5 meses sin cobrar, lo que supone una media de más de 20.000 euros por explotación, indicó. Asimismo, añadió que desde el pasado 1 de enero 'gran parte de los ganaderos han dejado de servir leche, ante la incapacidad de la compañía de hacer frente a los pagarés, y se han puesto a buscar rutas de recogidas alternativas'.
ERE EN CLESA
Clesa, una de las empresas de Nueva Rumasa en 'preconcurso' de acreedores, mantiene su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, con una duración máxima de 18 meses, en su planta de Madrid, que cuenta con más de 200 trabajadores, según informaron fuentes sindicales.
En la mayor parte de los casos, los productores afectados llevan entre 3 y 5 meses sin cobrar, lo que supone una media de más de 20.000 euros por explotación, indicó. Asimismo, añadió que desde el pasado 1 de enero 'gran parte de los ganaderos han dejado de servir leche, ante la incapacidad de la compañía de hacer frente a los pagarés, y se han puesto a buscar rutas de recogidas alternativas'.
ERE EN CLESA
Clesa, una de las empresas de Nueva Rumasa en 'preconcurso' de acreedores, mantiene su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, con una duración máxima de 18 meses, en su planta de Madrid, que cuenta con más de 200 trabajadores, según informaron fuentes sindicales.
