Los miembros del BCE y de la CE que analizan en Atenas las políticas de austeridad del Gobierno insisten en su exigencia de que se reduzca la plantilla de trabajadores públicos como una de las medidas para lograr los objetivos de reducción del déficit.
Tras la reanudación el jueves de los contactos, paralizados desde el 2 de septiembre, varios medios griegos se referían ayer a la petición por parte de los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el Fondo Monetario Internacional, en el adelgazamiento de la enorme Administración griega. Según el periódico 'Eznos' y varias cadenas de televisión, la 'troika' exige a Grecia que despida de inmediato a un tres por ciento del total de 900.000 funcionarios públicos, lo que permitiría ahorrar unos 1.500 millones de euros hasta 2012.
El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, convocó al Consejo de Ministros este domingo para analizar el proyecto de poner a 30.000 funcionarios en la 'reserva' durante un año, un periodo durante el que cobrarían un 60 por ciento de su salario y tras el que serían despedidos, a no ser de que se les pueda recolocar en algún puesto de la empresa pública.
Ese proyecto del Gobierno se topó con dificultades legales y constitucionales, aparte de la oposición de los sindicatos y de buena parte de la clase política. El compromiso ante la UE y el FMI es de reducir en un 30 por ciento la plantilla de funcionarios hasta 2015.
Además, los inspectores internacionales tampoco están contentos con la falta de respuesta de parte de las 151 empresas y organismo públicos a los que el Gobierno ha solicitado una lista con el 10 por ciento de los empleados que consideren sobran.
El trabajo de los inspectores se está viendo dificultado por la protesta laboral que se sucede en Atenas cada día. Ayer no pudo celebrarse una reunión prevista en el Ministerio de Finanzas ya que grupos de funcionarios bloqueaban la entrada, y tuvo que trasladarse a las oficinas del primer ministro.
También ayer, un encuentro de los inspectores con el ministro de Transportes tuvo que ser pospuesto por las protestas de los funcionarios. Debido a esas protestas, se mantiene en secreto la hora y el lugar de la reunión con el ministro de Administraciones Públicas.
El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, convocó al Consejo de Ministros este domingo para analizar el proyecto de poner a 30.000 funcionarios en la 'reserva' durante un año, un periodo durante el que cobrarían un 60 por ciento de su salario y tras el que serían despedidos, a no ser de que se les pueda recolocar en algún puesto de la empresa pública.
Ese proyecto del Gobierno se topó con dificultades legales y constitucionales, aparte de la oposición de los sindicatos y de buena parte de la clase política. El compromiso ante la UE y el FMI es de reducir en un 30 por ciento la plantilla de funcionarios hasta 2015.
Además, los inspectores internacionales tampoco están contentos con la falta de respuesta de parte de las 151 empresas y organismo públicos a los que el Gobierno ha solicitado una lista con el 10 por ciento de los empleados que consideren sobran.
El trabajo de los inspectores se está viendo dificultado por la protesta laboral que se sucede en Atenas cada día. Ayer no pudo celebrarse una reunión prevista en el Ministerio de Finanzas ya que grupos de funcionarios bloqueaban la entrada, y tuvo que trasladarse a las oficinas del primer ministro.
También ayer, un encuentro de los inspectores con el ministro de Transportes tuvo que ser pospuesto por las protestas de los funcionarios. Debido a esas protestas, se mantiene en secreto la hora y el lugar de la reunión con el ministro de Administraciones Públicas.
