Los socios europeos afirman que España debería gravar el consumo, el deterioro del medio ambiente o los bienes inmuebles
Los ministros de Economía de la UE respaldaron hoy sin cambios las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para España, en las que consideran que hay margen para ampliar la base del IVA y gravar el consumo, entre otros tributos, el mismo día en que el Gobierno aprobará la reforma fiscal.
En las recomendaciones, presentadas el pasado 2 de junio por la CE, los socios europeos afirman que España debería gravar el consumo, el deterioro del medio ambiente (los combustibles por ejemplo) o los bienes inmuebles (IBI).
También recomiendan rebajar las cotizaciones sociales y eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades y el IRPF, indicaron a Efe fuentes comunitarias.
En el documento de trabajo de la CE remitido al Consejo de ministros de Economía de la UE, el Ecofin, los expertos de la Comisión dejan claro que "queda margen para subir los impuestos obre el consumo y mejorar su eficiencia ampliando la base del IVA".
Una parte importante de las recomendaciones de los socios comunitarios se centra en los problemas del mercado laboral de España.
En este apartado, recomiendan al Gobierno impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación en favor de la calidad y la sostenibilidad del empleo, por ejemplo, al "reducir el número de tipos de contrato" y garantizar "un acceso equilibrado" a los derechos en caso de cese de la relación laboral.
Además, España debe velar para que "la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo".
La UE cree asimismo que España podría "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo" para percibir las prestaciones de desempleo.
Por otra parte, sostiene que España debe reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2014 y especificar para ello plenamente los ajustes que pretende aplicar en 2015 y los años posteriores para corregir el déficit excesivo en 2016 y dejarlo en el 2,8 % del PIB.
Tras lograr este objetivo, España debería aplicar un ajuste estructural hacia el objetivo de medio plazo (un presupuesto equilibrado en 2017) de al menos un 0,5 % cada año para situar la deuda por debajo del 60 % del PIB.
La UE recomienda asimismo al Gobierno que realice antes de febrero de 2015 una "reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración" y le recuerda que la corrección de los desequilibrios presupuestarios exige aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo.
Por otro lado, los socios de España en la UE también afirman en sus recomendaciones que el Gobierno debe garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014 tras la reforma del año pasado, tomando si fuera necesario, medidas estructurales adicionales.
Igualmente opinan que el Gobierno debe abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes minimizando los costes para el Estado y crear, antes de finales de 2014, un observatorio independiente para evaluar los grandes proyectos futuros de infraestructura.
