Marta trabaja en un súper y en el confinamiento escuchaba los reproches vecinales cuando salía de casa para ir al negocio. Luis tiene un problema de salud por el que está exento de llevar mascarilla pero se la acaba poniendo para no aguantar improperios. María cumplía las normas pero tuvo que aguantar los prepotentes modos de un policía mientras tomaba una caña en una terraza. Pepe iba el otro día en el tren, se le bajó un momento la mascarilla y el revisor le arreó tres fuertes golpes para que se la pusiera “inmediatamente". A Álvaro le ha tocado soportar bromas sin gracia en un control de movilidad. Entre estas pequeñas historias reales está otra de las consecuencias del covid: a la hora de salir a la calle, la presunción de inocencia parece haberse inclinado a la culpabilidad. Y circulen, que estamos en pandemia.
La crisis de empatía social alimentó a los balconazis del encierro, convertidos ahora en la KGB de la mascarilla. Pero hay algo más preocupante en toparse con uno de esos justicieros de uniforme, que han pervertido su rol de funcionario público al calor del covid para arroparse de un impropio exceso de autoridad. Porque sí, los nervios de todos están por desgracia al límite. Pero no, el estado de alarma no autoriza la rudeza y la mala educación de un verso suelto con placa: ningún BOE ha convertido rebatir con sensatez a un agente en un desafío a la autoridad ni suspendió el principio de proporcionalidad y congruencia en la acción policial. Y de hecho tiene que ser al revés: en una situación tan excepcional, con las libertades individuales limitadas por el Estado, las garantías para el ciudadano deben de ser máximas.
Hoy, la mezcla de pandemia y política ha acabado generando un escenario con dos tableros: Cataluña sufre un intolerable abuso contra las fuerzas del orden instigado por los niñatos pijos de la CUP y amparado por ERC y JxCat mientras en el resto de España se han sumado ciertas distorsiones en la relación entre la ciudadanía y los representantes de la autoridad. Sin duda, el trabajo policial se ha visto dificultado en el último año por las carencias de recursos materiales, el malestar social y el irracional desbarajuste político generado por 17 modelos autonómicos ante el covid. Fue a ellos a los que les ha tocado salir a la calle a aplicar nuevas medidas mal construidas jurídicamente y todavía peor definidas, generadoras de miles de propuestas de sanciones que se acaban muriendo en los juzgados -las pocas que llegan-. A pesar de este contexto, la grandísima mayoría de los agentes se esfuerza con un celo intachable, también ante cualquier irresponsable desplante o desorden ciudadano. Pero eso no oculta que, como en cualquier otra profesión, aquí también hay una pequeña minoría incumplidora, escondida detrás de sus compañeros. Y por eso es imprescindible recordar que igual que son inadmisibles las actitudes groseras o incívicas de un vecino no hay ni un solo soporte posible para justificar la prepotencia desde el uniforme policial.
