El ex subinspector de la Policía José Amedo, condenado a 108 años de prisión por atentados relacionados con los Grupos Armados de Liberación (GAL), aseguró ayer en un juicio contra su superior en los años ochenta, Miguel Ángel Planchuelo, que las acciones de los grupos fueron decisión del ex presidente del Gobierno, Felipe González.'Felipe González estaba detrás de todo'.
Amedo declaró como testigo en la vista en la que se juzga la implicación de Planchuelo, que se enfrenta a una petición de la acusación popular de 114 años de cárcel por los atentados en los bares 'Batzoki' y 'Consolation' en el sur de Francia en 1986, en los que resultaron heridas seis personas. Amedo se refirió en concreto a la decisión de intervenir en Francia ante la falta de colaboración de las autoridades galas en los años ochenta y especificó que esta decisión 'jamás la tomó un mando policial'. 'Fue una decisión de Felipe González y del señor José Barrionuevo y del señor Julián San Cristobal', que ocupaban los cargos de ministro del Interior y el gobernador civil de Vizcaya, respectivamente.
Por su parte, el exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal aseguró que la creación de los GAL en 1983 fue ordenada por la cúpula de Interior porque, según dijo, no tomaban 'ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio' del Interior.
'En aquella fecha no tomábamos ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior', afirmó el testigo, que recordó que él mismo y el exjefe del mando único antiterrorista Francisco Álvarez 'prepararon a policías que pasaran a Francia para tratar de obtener información' sobre el secuestro del militar Alberto Martín Barrios. Y precisó que cuando mantuvo esa conversación, estaba junto a él el exsecretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea.
Por su parte, García Damborenea indicó que en las reuniones mantenidas entre responsables de Interior y los responsables políticos en el País Vasco se trataron las dificultades que ofrecía la lucha contra los terroristas, pero sostuvo que no se plantearon realizar actividades ilegales en ningún momento.
Antes de la declaración de Sancristóbal y Damborenea, testificó el exjefe del Mando Único antiterrorista Francisco Álvarez, que reconoció que autorizó la contratación en Portugal de los tres mercenarios Paolo Figueiredo, Rogerio Fernando Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros -condenados por los atentados en los bares-, aunque aseguró que el objetivo era montar una 'infraestructura de información' en Francia.
Para ello, en diciembre de 1984, se reunió en Madrid con Planchuelo, el expolicía José Amedo y el francés Jean Philippe Labade -otro mercenario del GAL encargado de organizar ambas acciones terroristas, según declaró Figuereido-, e indicó que este último les dijo que estaba 'muy vinculado a los servicios de seguridad franceses' y que su colaboración les daría 'resultados muy óptimos'.
Por su parte, el expolicía Michel Domínguez, que fue condenado en en el año 1991 junto a Amedo a un total de 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses, negó que Miguel Angel Planchuelo tuviera alguna relación con los hechos de los que se le acusa.
Por su parte, el exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal aseguró que la creación de los GAL en 1983 fue ordenada por la cúpula de Interior porque, según dijo, no tomaban 'ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio' del Interior.
'En aquella fecha no tomábamos ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior', afirmó el testigo, que recordó que él mismo y el exjefe del mando único antiterrorista Francisco Álvarez 'prepararon a policías que pasaran a Francia para tratar de obtener información' sobre el secuestro del militar Alberto Martín Barrios. Y precisó que cuando mantuvo esa conversación, estaba junto a él el exsecretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea.
Por su parte, García Damborenea indicó que en las reuniones mantenidas entre responsables de Interior y los responsables políticos en el País Vasco se trataron las dificultades que ofrecía la lucha contra los terroristas, pero sostuvo que no se plantearon realizar actividades ilegales en ningún momento.
Antes de la declaración de Sancristóbal y Damborenea, testificó el exjefe del Mando Único antiterrorista Francisco Álvarez, que reconoció que autorizó la contratación en Portugal de los tres mercenarios Paolo Figueiredo, Rogerio Fernando Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros -condenados por los atentados en los bares-, aunque aseguró que el objetivo era montar una 'infraestructura de información' en Francia.
Para ello, en diciembre de 1984, se reunió en Madrid con Planchuelo, el expolicía José Amedo y el francés Jean Philippe Labade -otro mercenario del GAL encargado de organizar ambas acciones terroristas, según declaró Figuereido-, e indicó que este último les dijo que estaba 'muy vinculado a los servicios de seguridad franceses' y que su colaboración les daría 'resultados muy óptimos'.
Por su parte, el expolicía Michel Domínguez, que fue condenado en en el año 1991 junto a Amedo a un total de 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses, negó que Miguel Angel Planchuelo tuviera alguna relación con los hechos de los que se le acusa.
