El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, pidió ayer en Gijón 'tranquilidad' respecto al asunto de los ERE en Andalucía ya que es un caso que está en manos de la Justicia, por lo que hay que esperar a que esta última se pronuncie. Chavesdefendió, en este sentido, que la Junta de Andalucía está actuando como debe y está colaborando con la Justicia.
Así lo indicó momentos antes de su participación en el XI Seminario Europeo sobre el Empleo 'Argumentos y fanatismos del mercado' en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.
Manuel Chaves insistió en pedir 'tranquilidad, porque con las políticas de la Junta de Andalucía se resolvieron problemas de muchas empresas que estaban en crisis y muchos problemas relacionados con miles de puestos de trabajo que estaban en trance de desaparecer'.
PETICIÓN DE LA JUEZ
La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla se reunirá hoypara debatir si exime del reparto de nuevos asuntos a la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que investiga, entre otros asuntos de gran envergadura, la posible 'trama' de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.
La Junta de Jueces se reunirá hoy para analizar la petición realizada por la magistrada para que se le exima de la entrada de nuevos asuntos y que podría ser de tres o seis meses. La 'liberación', en caso de aprobarse en la Junta de Jueces, será parcial, ya que durante este tiempo la juez sí se encargaría de los asuntos que le entren durante sus turnos de guardia..
A principios del pasado año 2010 la juez Mercedes Alaya ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la 'excesiva' carga de trabajo que venía soportando, provocada entre otros por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal.
En estos momentos, la juez Mercedes Alaya está investigando asuntos como el caso Mercasevilla, que engloba el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la supuesta venta 'fraudulenta' de los suelos del merca y un presunto delito societario; la posible 'trama' de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta de Andalucía, o la demanda por presunto delito societario formulada contra el máximo accionista del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera.
Manuel Chaves insistió en pedir 'tranquilidad, porque con las políticas de la Junta de Andalucía se resolvieron problemas de muchas empresas que estaban en crisis y muchos problemas relacionados con miles de puestos de trabajo que estaban en trance de desaparecer'.
PETICIÓN DE LA JUEZ
La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla se reunirá hoypara debatir si exime del reparto de nuevos asuntos a la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que investiga, entre otros asuntos de gran envergadura, la posible 'trama' de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.
La Junta de Jueces se reunirá hoy para analizar la petición realizada por la magistrada para que se le exima de la entrada de nuevos asuntos y que podría ser de tres o seis meses. La 'liberación', en caso de aprobarse en la Junta de Jueces, será parcial, ya que durante este tiempo la juez sí se encargaría de los asuntos que le entren durante sus turnos de guardia..
A principios del pasado año 2010 la juez Mercedes Alaya ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la 'excesiva' carga de trabajo que venía soportando, provocada entre otros por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal.
En estos momentos, la juez Mercedes Alaya está investigando asuntos como el caso Mercasevilla, que engloba el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la supuesta venta 'fraudulenta' de los suelos del merca y un presunto delito societario; la posible 'trama' de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta de Andalucía, o la demanda por presunto delito societario formulada contra el máximo accionista del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera.
