El Gobierno propuso que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.
Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, un documento que es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.
En el texto se propone una lista de competencias de los municipios de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda propuso que, en la nueva Ley de Bases del Régimen Local, se habilite a las comunidades para que 'puedan ordenar' a las diputaciones provinciales la gestión de servicios obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Según el texto, la principal ventaja de esta propuesta estribaría en 'operar' una reordenación territorial 'que evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces para gestionar sus servicios obligatorios'. Además, 'permitiría la supresión o sustitución de muchas de las actuales mancomunidades constituidas precisamente para gestionar ciertos servicios supramunicipales'.
En el texto se propone una lista de competencias de los municipios de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda propuso que, en la nueva Ley de Bases del Régimen Local, se habilite a las comunidades para que 'puedan ordenar' a las diputaciones provinciales la gestión de servicios obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Según el texto, la principal ventaja de esta propuesta estribaría en 'operar' una reordenación territorial 'que evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces para gestionar sus servicios obligatorios'. Además, 'permitiría la supresión o sustitución de muchas de las actuales mancomunidades constituidas precisamente para gestionar ciertos servicios supramunicipales'.
