La Audiencia de Las Palmas condenó ayer al principal imputado en el 'caso Kárate', Fernando Torres Baena, a 302 años de cárcel, como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores.
La sentencia del mayor proceso por pederastia juzgado hasta la fecha en España condena además a 148 años de prisión a María José González, esposa de Torres Baena y monitora de su academia de artes marciales, y a 126 años a Ivonne González, profesora de kárate del centro. El tribunal encuentra culpables a ambas de múltiples delitos de corrupción de menores y abusos sexuales, pero absuelve al cuarto imputado en este procedimiento, el monitor Juan Luis Benítez, para el que se solicitaron condenas de hasta 20 años de prisión.
La Audiencia subraya que este sumario recoge un caso de 'megaabusos', 'sin precedentes en la historia jurisprudencial del país', en el que medio centenar de personas fueron sometidas 'a relaciones sexuales indiscriminadas, daba igual la edad o el sexo', durante cerca de 20 años y considera probado que Baena se comportó con sus alumnos como 'un depredador sexual' y organizó con ellos 'auténticas orgías' sin importar su edad o género.
El fallo ordena además la clausura del gimnasio y el decomiso de todos sus bienes. Para el tribunal, el daño a las víctimas es 'difícil de reparar', pues todos perdieron su libertad sexual y su honor. Por elloexige a los tres acusados que paguen a cada una de sus víctimas cantidades que oscilan entre los 50.000 y 10.000 euros.
La Audiencia subraya que este sumario recoge un caso de 'megaabusos', 'sin precedentes en la historia jurisprudencial del país', en el que medio centenar de personas fueron sometidas 'a relaciones sexuales indiscriminadas, daba igual la edad o el sexo', durante cerca de 20 años y considera probado que Baena se comportó con sus alumnos como 'un depredador sexual' y organizó con ellos 'auténticas orgías' sin importar su edad o género.
El fallo ordena además la clausura del gimnasio y el decomiso de todos sus bienes. Para el tribunal, el daño a las víctimas es 'difícil de reparar', pues todos perdieron su libertad sexual y su honor. Por elloexige a los tres acusados que paguen a cada una de sus víctimas cantidades que oscilan entre los 50.000 y 10.000 euros.
