El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, consideró que la ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Gobierno español es 'altamente problemática' y expresó su preocupación por la proporcionalidad de las multas propuestas.
El anteproyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno planteaba, entre otras cosas, multar con hasta 600.000 euros concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso cuando perturben la seguridad ciudadana, si bien esta sanción se redujo finalmente a un máximo de 30.000 euros. 'Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada', afirmó.
El comisario expresó además su preocupación por la interpretación que los jueces hagan de términos recogidos en la ley como 'ofensas a España' o 'poner en peligro la seguridad ciudadana' y añadió que hay que ver 'hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo una interpretación arbitraria'.
Por otra parte, añadió, 'surge la cuestión de hasta qué punto este tipo de restricciones son necesarias en una sociedad democrática frente a otros medios de proteger la seguridad de la gente y el orden público sin interferir demasiado en el derecho a reunirse libremente'.
Nils Muiznieks destacó también que las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones y concentraciones afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
El comisario expresó además su preocupación por la interpretación que los jueces hagan de términos recogidos en la ley como 'ofensas a España' o 'poner en peligro la seguridad ciudadana' y añadió que hay que ver 'hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo una interpretación arbitraria'.
Por otra parte, añadió, 'surge la cuestión de hasta qué punto este tipo de restricciones son necesarias en una sociedad democrática frente a otros medios de proteger la seguridad de la gente y el orden público sin interferir demasiado en el derecho a reunirse libremente'.
Nils Muiznieks destacó también que las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones y concentraciones afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
