La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, decidió ayer de abrir procedimientos sancionadores, tras que un alto porcentaje de farmacéuticos de la comunidad autónoma decidiera cerrar sus oficinas como protesta por los impagos de la Junta el pasado jueves. Estos colegiados denuncian que la deuda que la administración tiene con ellos asciende a 125 millones de euros.
En su intervención Cospedal, que aprovechó para dar a conocer los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de C-LM, agradeció a muchos colegiados, particularmente a los de Albacete, que prefirieran la 'sensatez' de abrir, y que 'el Gobierno tenga la oportunidad de dar opciones y de resolver los problemas para todos'. Así, destacó que hicieron lo que la ley 'les exige' y no provocaron una situación que 'no era deseada por nadie'. Según dijo, 'todas' las propuestas para solucionar el problema están sobre la mesa 'desde hace tiempo', pero 'parece' que muchos farmacéuticos 'no se quieren acoger' a ellas.
La presidenta aseguró que el director general de Sanidad, José Martínez Olmos, 'seguro que sabía' que el presupuesto para Sanidad de Castilla-La Mancha lo consumió el anterior Gobierno en los primeros meses de Legislatura y que sólo quedó un 20% para los siguientes seis meses. Martínez Olmos criticó que el gobierno de José María Barreda sí pagaba, y en cambio el actual no.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, dijo que heredeó una situación 'injusta' del Gobierno de Barreda y que el retraso de impagos supone dos meses, mientras que el de otras instituciones que prestan servicios sociales llega a dos años.
La presidenta aseguró que el director general de Sanidad, José Martínez Olmos, 'seguro que sabía' que el presupuesto para Sanidad de Castilla-La Mancha lo consumió el anterior Gobierno en los primeros meses de Legislatura y que sólo quedó un 20% para los siguientes seis meses. Martínez Olmos criticó que el gobierno de José María Barreda sí pagaba, y en cambio el actual no.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, dijo que heredeó una situación 'injusta' del Gobierno de Barreda y que el retraso de impagos supone dos meses, mientras que el de otras instituciones que prestan servicios sociales llega a dos años.
