Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron un 25 por ciento en 2010 respecto al año anterior, según el balance de la institución que dirige de forma interina María Luisa Cava de Llano y que este año inició más de 34.000 expedientes.
Así, señala que, en el transcurso de este ejercicio marcado por la crisis económica, las principales quejas ciudadanas tuvieron que ver con la economía y las prestaciones sociales. Concretamente, indica que un 'considerable' número de ciudadanos expuso ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal.
En opinión de la Defensoría, la actual legislación, que aplica la Ley Concursal a este tipo de casos, 'no ofrece una respuesta adecuada', tanto por el 'elevado' coste que conlleva -que provoca un mayor empobrecimiento de quien ya se encuentra en una situación precaria- como por la 'dilación' excesiva en el tiempo de este tipo de procedimientos.
Además, según la Oficina del Defensor, en el caso concreto de las familias, una de las principales deudas a las que deben hacer frente es la hipotecaria y 'la especial protección que la Ley Concursal ofrece a los acreedores con garantías reales, impide que dicha deuda se vea pospuesta o interrumpida, lo que dificulta la recuperación de la economía doméstica'.
La Oficina del Defensor del Pueblo aboga por crear mecanismos de arbitraje que solucionen este tipo de problemas que, por ejemplo, propicien que el plan de pago a los acreedores se realice de manera pactada y bajo el control de la Administración o del Juzgado. 'Se pretende con ello que las familias, sin dejar de atender a sus obligaciones, también puedan cubrir sus necesidades vitales mínimas, para no agravar un procedimiento que afecta también a su salud y a su dignidad.
En opinión de la Defensoría, la actual legislación, que aplica la Ley Concursal a este tipo de casos, 'no ofrece una respuesta adecuada', tanto por el 'elevado' coste que conlleva -que provoca un mayor empobrecimiento de quien ya se encuentra en una situación precaria- como por la 'dilación' excesiva en el tiempo de este tipo de procedimientos.
Además, según la Oficina del Defensor, en el caso concreto de las familias, una de las principales deudas a las que deben hacer frente es la hipotecaria y 'la especial protección que la Ley Concursal ofrece a los acreedores con garantías reales, impide que dicha deuda se vea pospuesta o interrumpida, lo que dificulta la recuperación de la economía doméstica'.
La Oficina del Defensor del Pueblo aboga por crear mecanismos de arbitraje que solucionen este tipo de problemas que, por ejemplo, propicien que el plan de pago a los acreedores se realice de manera pactada y bajo el control de la Administración o del Juzgado. 'Se pretende con ello que las familias, sin dejar de atender a sus obligaciones, también puedan cubrir sus necesidades vitales mínimas, para no agravar un procedimiento que afecta también a su salud y a su dignidad.
