El Gobierno está estudiando que los malos gestores que despilfarran los recursos públicos puedan ser castigados con una pena similar a la de malversación de caudales públicos, una tipificación que se incluiría en la reforma del Código Penal que acompañará a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, según adelantaron fuentes gubernamentales.
La Ley de Transparencia, que se quiere aprobar antes de que acabe este mes de marzo, recogerá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas). Sin embargo, en las actuales circunstancias de crisis económica el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos.
En concreto, el Gobierno se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista 'especial gravedad' puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta.
ANTE LA JUSTICIA
Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la Justicia.Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno está estudiando incluir en la Ley de Transparencia un endurecimiento de las incompatibilidades de los exaltos cargos, sobre todo de los ministros, a raíz de lo sucedido con la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, con su incorporación a la filial de Endesa en Chile, Chilectra. Una decisión que no cayó bien en el Ministerio de Hacienda. Por ello, y a iniciativa del departamento ministerial que dirige Cristobal Montoro, se está estudiando incluir un endurecimiento de las incompatibilidades.
Hasta el momento, la compatibilidad para que los altos cargos puedan ejercer en la empresa privada está determinada en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración del Estado, que establece que 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas'.
CON EL OBJETIVO DE EVITAR CASOS COMO EL DE ELENA SALGADO
La exvicepresidenta económica, Elena Salgado, seguirá cobrando el sueldo de exministra a pesar de incorporarse a trabajar en la filial de Endesa en Chile, Chilectra, y eso es precisamente lo que el Gobierno pretende reformar con la revisión de la ley de incompatibilidades. Salgado fichaba recientemente como consejera de la citada empresa eléctrica tan sólo tres meses después de dejar el Gobierno. La exministra podrá incorporarse a este puesto después de que la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, realizara un informe jurídico en el que se determina la compatibilidad de su nueva actividad.
El informe determinaba en su momento que podrá podrá desempeñar el cargo de consejera en Chilectra ya que no ha participado en la resolución, en su actividad en el Gobierno, de expedientes que afectan a esta sociedad. Salgado puede seguir percibiendo el 80% del sueldo que tenía cuando era ministra.
En concreto, el Gobierno se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista 'especial gravedad' puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta.
ANTE LA JUSTICIA
Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la Justicia.Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno está estudiando incluir en la Ley de Transparencia un endurecimiento de las incompatibilidades de los exaltos cargos, sobre todo de los ministros, a raíz de lo sucedido con la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, con su incorporación a la filial de Endesa en Chile, Chilectra. Una decisión que no cayó bien en el Ministerio de Hacienda. Por ello, y a iniciativa del departamento ministerial que dirige Cristobal Montoro, se está estudiando incluir un endurecimiento de las incompatibilidades.
Hasta el momento, la compatibilidad para que los altos cargos puedan ejercer en la empresa privada está determinada en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración del Estado, que establece que 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas'.
CON EL OBJETIVO DE EVITAR CASOS COMO EL DE ELENA SALGADO
La exvicepresidenta económica, Elena Salgado, seguirá cobrando el sueldo de exministra a pesar de incorporarse a trabajar en la filial de Endesa en Chile, Chilectra, y eso es precisamente lo que el Gobierno pretende reformar con la revisión de la ley de incompatibilidades. Salgado fichaba recientemente como consejera de la citada empresa eléctrica tan sólo tres meses después de dejar el Gobierno. La exministra podrá incorporarse a este puesto después de que la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, realizara un informe jurídico en el que se determina la compatibilidad de su nueva actividad.
El informe determinaba en su momento que podrá podrá desempeñar el cargo de consejera en Chilectra ya que no ha participado en la resolución, en su actividad en el Gobierno, de expedientes que afectan a esta sociedad. Salgado puede seguir percibiendo el 80% del sueldo que tenía cuando era ministra.
