La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona y su área metropolitana a cinco grupos organizados que empleaban documentos falsificados para conseguir financiación con los que defraudaron más de 950.000 euros y con las que ha esclarecido cerca de un centenar de operaciones de crédito fraudulentas para la compra de vehículos.
En las diferentes investigaciones se ha detenido a 31 personas y se han recuperado la mayoría de vehículos obtenidos de manera ilícita. Los detenidos, una vez que lograban su objetivo y tenían los automóviles en su poder, los vendían a terceros a precios muy inferiores a los de mercado y dejaban impagados los préstamos.
Las investigaciones se iniciaron hace un año tras detectarse e intervenir documentos de identidad falsos y constatar que habían sido empleados para solicitar operaciones de crédito fraudulentas; en otros casos, fueron las denuncias formuladas por las entidades financieras afectadas las que alertaron a la policía.
El 'modus operandi' habitual de estos grupos consistía en que uno de los miembros, con documentación falsificada, iba a un concesionario para comprar un vehículo, y a través de él pedía un crédito a una entidad financiera; una vez aprobada la operación, le era entregado el coche.
Una vez en su poder, el vehículo era revendido a un tercero de buena fe, de forma que el dinero obtenido quedaba íntegro para la organización y el crédito sin devolver.
Los 31 detenidos formaban parte de cinco grupos perfectamente estructurados y jerarquizados: unos se dedicaban a alterar y falsificar las documentaciones; otros materializaban el fraude, siendo los máximos responsables los beneficiaros finales del dinero obtenido.
Para dificultar la acción policial, utilizaban a personas con escasos recursos económicos o con problemas de adicción a las drogas o al alcohol, muchas veces extranjeros, a quienes proporcionaban la documentación falsa para formalizar los préstamos fraudulentos.
La policía ha destacado que estos grupos se habían dotado de auténticos laboratorios para elaborar los documentos ilícitos, incautando tampones, impresos y logotipos de organismos públicos y privados, impresoras, fotocopias de DNI, nóminas, informes de vida laboral, contratos de trabajo y declaraciones de renta.
Los detenidos, a los que se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, han pasado a disposición judicial.
Las investigaciones se iniciaron hace un año tras detectarse e intervenir documentos de identidad falsos y constatar que habían sido empleados para solicitar operaciones de crédito fraudulentas; en otros casos, fueron las denuncias formuladas por las entidades financieras afectadas las que alertaron a la policía.
El 'modus operandi' habitual de estos grupos consistía en que uno de los miembros, con documentación falsificada, iba a un concesionario para comprar un vehículo, y a través de él pedía un crédito a una entidad financiera; una vez aprobada la operación, le era entregado el coche.
Una vez en su poder, el vehículo era revendido a un tercero de buena fe, de forma que el dinero obtenido quedaba íntegro para la organización y el crédito sin devolver.
Los 31 detenidos formaban parte de cinco grupos perfectamente estructurados y jerarquizados: unos se dedicaban a alterar y falsificar las documentaciones; otros materializaban el fraude, siendo los máximos responsables los beneficiaros finales del dinero obtenido.
Para dificultar la acción policial, utilizaban a personas con escasos recursos económicos o con problemas de adicción a las drogas o al alcohol, muchas veces extranjeros, a quienes proporcionaban la documentación falsa para formalizar los préstamos fraudulentos.
La policía ha destacado que estos grupos se habían dotado de auténticos laboratorios para elaborar los documentos ilícitos, incautando tampones, impresos y logotipos de organismos públicos y privados, impresoras, fotocopias de DNI, nóminas, informes de vida laboral, contratos de trabajo y declaraciones de renta.
Los detenidos, a los que se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, han pasado a disposición judicial.
