El Consejo de Ministros acordó ayer remitir el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las Cortes para su aprobación, no sin antes introducir unas mínimas modificaciones al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 21 de diciembre.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó la decena de leves cambios que se produjeron con respecto a ese anteproyecto, para lo que se tuvo en cuenta alguna de las observaciones de los informes emitidos por el Consejo Fiscal y el propio CGPJ.
El Ministerio de Justicia detalló también en una nota de prensa estas modificaciones y recordó que el objetivo de esta reforma es 'la agilización del Consejo tanto a la hora de ser renovado como en su funcionamiento y en su estructura, con un menor coste económico'.
Entre estas modificaciones destaca permitir al CGPJ informar sobre las normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales dentro de la capacidad de informe del Poder Judicial. También 'se aclara el control interno del gasto', que corresponderá a un interventor del cuerpo de interventores del Estado, pero que dependerá del CGPJ y estará adscrito a su comisión permanente.
Además, las retribuciones de los jueces irán a cargo de los presupuestos generales del Estado y las dietas y comisiones constarán en la propia ley a efectos de transparencia. Otra novedad es que el régimen de letrados del CGPJ requerirá la titulación en Derecho y se accederá por concurso de méritos y se recoge la recomendación de que todos los miembros de la Junta Electoral Central sean magistrados del Supremo.
El Ministerio de Justicia detalló también en una nota de prensa estas modificaciones y recordó que el objetivo de esta reforma es 'la agilización del Consejo tanto a la hora de ser renovado como en su funcionamiento y en su estructura, con un menor coste económico'.
Entre estas modificaciones destaca permitir al CGPJ informar sobre las normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales dentro de la capacidad de informe del Poder Judicial. También 'se aclara el control interno del gasto', que corresponderá a un interventor del cuerpo de interventores del Estado, pero que dependerá del CGPJ y estará adscrito a su comisión permanente.
Además, las retribuciones de los jueces irán a cargo de los presupuestos generales del Estado y las dietas y comisiones constarán en la propia ley a efectos de transparencia. Otra novedad es que el régimen de letrados del CGPJ requerirá la titulación en Derecho y se accederá por concurso de méritos y se recoge la recomendación de que todos los miembros de la Junta Electoral Central sean magistrados del Supremo.
