El Gobierno ha dado este martes luz verde al real decreto ley que da derecho a desempleo a las empleadas de hogar, que comenzarán a cotizar por ese concepto desde octubre y cuyo importe estará bonificado para los empleadores en un 80 %.
La norma también limita la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa para las empleadas de hogar, un colectivo feminizado con 373.121 personas afiliadas a la Seguridad Social y que seguía sin tener los mismos derechos que el resto de trabajadores.
Las empleadas adquieren desde este 1 de octubre ese derecho a percibir el paro si son despedidas, pero para poder acceder a la prestación contributiva deberán haber estado cotizando por ella durante un año, como el resto de asalariados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que las mujeres trabajadoras del hogar han conquistado "los derechos en sentido pleno", accediendo a partir de ahora a esa prestación por desempleo, así como a las asistenciales cuando no se tiene derecho a la contributiva.
Para los empleadores, en su mayoría familias, la nueva cotización por desempleo fijada en un tipo del 6 % (del que el empleador asume el 5 % y el trabajador el 1 %) y el 0,2 % para el Fogasa supondrá un incremento de la cuota mensual a la Seguridad Social de 31,38 euros en el caso de cotizar por una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, según los datos facilitados por la Seguridad Social.
La Seguridad Social actualizará de forma automática las cuotas que se cargan a los empleadores.
Los importes de estas cotizaciones por desempleo y Fogasa estarán bonificados en un 80 % mientras que la de cotización por contingencias comunes tendrá una reducción mínima del 20 % que se podrá ampliar según tipo de familia, niveles de renta y patrimonio.
Este punto será desarrollado en un reglamento, para lo que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social se han dado un plazo de seis meses, ha explicado Díaz.
El decreto también restringe la figura del desistimiento, que permitía el despido sin justificar causa alguna, de forma que queda limitada a determinados supuestos, aún sin detallar este martes, y a partir de ahora el empleador deberá acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato.
Asimismo, incorpora a estas trabajadoras al derecho a la prevención de riesgos laborales, así como al de formación, ha dicho, ya que se trata de un colectivo que cada vez requiere "de mayor especialización, de mujeres más formadas".
