Cinco magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiarán el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, al no constituirse una mayoría que pidiese que el caso sea revisado por el Pleno, informaron fuentes jurídicas.
La avocación a Pleno del recurso contó únicamente con el apoyo de ocho de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal, por lo que será estudiado por los jueces de la Sección Primera Fernando Grande-Marlaska (presidente), Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda (ponente) y Alfonso Guevara, que fue elegido por sorteo en sustitución de Manuela Fernández Prado, que disfruta de una licencia de estudios.
El tribunal, que se reunirá hoy, a partir de las cinco de la tarde, para comenzar a deliberar, pidió un informe a la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena para que valorará los últimos análisis médicos remitidos por el Hospital Donostia de San Sebastián, donde se encuentra el recluso desde el pasado 1 de agosto en tratamiento por un tumor cancerígeno en el riñón con metástasis en el pulmón y otras tres en el sistema nervioso central.
Mientras tanto, la forense ratificó el informe que remitió el pasado día 24 de agosto en el que detallaba, a partir de los datos que tenía en ese momento, que el enfermo no se encuentra en una situación 'terminal' y 'únicamente presenta leves síntomas clínicos' en relación con el cáncer que sufre.
Ese primer informe señalaba que 'el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario', ya que los pacientes en su situación tienen un 50% de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.
El primer análisis de la forense contradecía el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una 'comisión médica' del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encuentra en una situación 'irreversible' en la que 'más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento', es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.
También era contrario al elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava), que concluía que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel 'porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria', según señaló el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que 'ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital'.
El tribunal, que se reunirá hoy, a partir de las cinco de la tarde, para comenzar a deliberar, pidió un informe a la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena para que valorará los últimos análisis médicos remitidos por el Hospital Donostia de San Sebastián, donde se encuentra el recluso desde el pasado 1 de agosto en tratamiento por un tumor cancerígeno en el riñón con metástasis en el pulmón y otras tres en el sistema nervioso central.
Mientras tanto, la forense ratificó el informe que remitió el pasado día 24 de agosto en el que detallaba, a partir de los datos que tenía en ese momento, que el enfermo no se encuentra en una situación 'terminal' y 'únicamente presenta leves síntomas clínicos' en relación con el cáncer que sufre.
Ese primer informe señalaba que 'el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario', ya que los pacientes en su situación tienen un 50% de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.
El primer análisis de la forense contradecía el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una 'comisión médica' del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encuentra en una situación 'irreversible' en la que 'más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento', es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.
También era contrario al elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava), que concluía que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel 'porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria', según señaló el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que 'ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital'.
