Las asociaciones de jueces y fiscales españoles alcanzaron un acuerdo ayer para advertir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, su intención de adoptar medidas de presión concretas 'sin descartar paros y huelgas' si 'sigue sin abrirse una vía de negociación' por los recortes salariales en la Carrera y la ausencia de inversión en Justicia.
Proponen que se adhieran a este comunicado las diferentes juntas de jueces y fiscales convocadas para este viernes, con el fin de obtener el máximo apoyo a las medidas propuestas, informaron fuentes conocedoras de la reunión.
Ayer se reunieron representantes de las siete organizaciones, que reúnen todas las sensibilidades presentes en la carreras judicial y fiscal, y acordaron a partir de este momento el 'cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijada por la ley', la convocación de una concentración y otras medidas de protesta.
En la nota, dejan patente el malestar existente en la Carrera 'debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español', al entender que 'no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos'.
Así, reclaman respeto a la independencia judicial mediante el 'abandono' por el Ministerio de la reforma planteada del Poder Judicial 'que atrofia su capacidad constitucional de actuación; el mantenimiento de su estatuto profesional, el desarrollo de reformas que mitiguen el actual colapso judicial y la convocatoria de plazas.
Ayer se reunieron representantes de las siete organizaciones, que reúnen todas las sensibilidades presentes en la carreras judicial y fiscal, y acordaron a partir de este momento el 'cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijada por la ley', la convocación de una concentración y otras medidas de protesta.
En la nota, dejan patente el malestar existente en la Carrera 'debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español', al entender que 'no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos'.
Así, reclaman respeto a la independencia judicial mediante el 'abandono' por el Ministerio de la reforma planteada del Poder Judicial 'que atrofia su capacidad constitucional de actuación; el mantenimiento de su estatuto profesional, el desarrollo de reformas que mitiguen el actual colapso judicial y la convocatoria de plazas.
