La juez Alaya impuso a la exministra y exconsejera andaluza una fianza de 29,5 millones de euros.
La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, declaró ayer su "absoluta inocencia" con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con su actuación en el caso de los ERE fraudulentos. Álvarez, tras conocer que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le impuso una fianza civil de 29,5 millones de euros, recordó que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril.
Además, ha señalado que han transcurrido seis meses desde que prestó declaración ante la juez por segunda vez y cree que dicha "dilación" resulta "inexplicable desde un punto de vista de seguridad jurídica, tratándose además de una medida a todas luces desproporcionada".
Álvarez aseguró que su actitud "ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, personándome incluso antes de ser oficialmente notificada, acudiendo a declarar en dos ocasiones y contestando a todas las preguntas que se me han formulado". Insistió en que su situación procesal "no ha cambiado", asegurando que piensa recurrir esta medida cautelar, y aseverando que seguirá trabajando "para defender mi inocencia".
DEVOLUCIÓN DE PAGOS
La fianza es una medida cautelar de la juez Alaya que afirma en su auto que la misma "tiene una decidida finalidad, que es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta". La juez también impone una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.
Alaya cree que Álvarez y los otros dos imputados, en virtud de los cargos ostentados, "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011".
Las fianzas impuestas por el caso de los ERE convierten a éste en uno de los que acumula mayor cantidad de dinero por responsabilidad civil, a cuya cabeza está todavía el caso Malaya, con alrededor de 5.200 millones de euros, la suma más cuantiosa.
La juez concede a los imputado el plazo de una audiencia a contar desde el siguiente día a la notificación, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes si no se abona.
