El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, confirmó mediante un auto la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros decretada contra Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, al desestimar los recursos de reforma que ambos imputados interpusieron contra la caución. Los dos encausados disponen de cinco días para impugnar en apelación ante la Audiencia de Baleares.
En su recurso, Urdangarin denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, pronunciándose de este modo 'a los efectos de que (el derecho supuestamente quebrantado) pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno', ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Es más, la defensa del duque consideraba que su patrocinado se vería abocado a un 'injusto empobrecimiento' e insistía 'en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos'.
Ante estos argumentos, el juez asegura en el auto que 'no se adivina dónde radica la indefensión'. Y prosigue: 'Es muy posible que si se hubieren escatimado antecedentes de hecho (en el auto por el que impuso la fianza a ambos) la censura vendría precisamente por su escasez' Respecto al 'reproche' por parte del abogado del duque acerca de una 'inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo de determinados documentos' para fundamentar la imposición de la fianza, el juez señala que 'es claro que este Juzgado procedió a seleccionar de la causa aquellos datos que estimó indiciarios de criminalidad, y para no trasladar a la resolución impugnada los más de 41.000 folios' del procedimiento 'tuvo que llevar a cabo una selección que inevitablemente habría de ser parcial pero no sesgada'.
Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente 'ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir'. Según el recurso, 'es cierto que el instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes'.
En su auto de responsabilidad civil, el juez afirmaba que Urdangarin y Torres no son 'los únicos criminalmente responsables' en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En la resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres 'por exigencia de congruencia' con las peticiones de la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, al considerar que 'deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión'.
Es más, la defensa del duque consideraba que su patrocinado se vería abocado a un 'injusto empobrecimiento' e insistía 'en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos'.
Ante estos argumentos, el juez asegura en el auto que 'no se adivina dónde radica la indefensión'. Y prosigue: 'Es muy posible que si se hubieren escatimado antecedentes de hecho (en el auto por el que impuso la fianza a ambos) la censura vendría precisamente por su escasez' Respecto al 'reproche' por parte del abogado del duque acerca de una 'inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo de determinados documentos' para fundamentar la imposición de la fianza, el juez señala que 'es claro que este Juzgado procedió a seleccionar de la causa aquellos datos que estimó indiciarios de criminalidad, y para no trasladar a la resolución impugnada los más de 41.000 folios' del procedimiento 'tuvo que llevar a cabo una selección que inevitablemente habría de ser parcial pero no sesgada'.
Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente 'ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir'. Según el recurso, 'es cierto que el instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes'.
En su auto de responsabilidad civil, el juez afirmaba que Urdangarin y Torres no son 'los únicos criminalmente responsables' en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En la resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres 'por exigencia de congruencia' con las peticiones de la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, al considerar que 'deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión'.
