El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz continuarán en libertad pese a haber sido condenados a 7 años y medio de cárcel cada uno en el 'caso Minutas' sobre irregularidades en los trabajos efectuados por el letrado al Consistorio marbellí.
En un auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, la Sala acuerda mantener las medidas acordadas en el auto de apertura de juicio oral de 2009 respecto a ocho de los nueve procesados en esta causa. Entre esos ocho acusados figuran Del Nido, Muñoz y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, quienes deberán informar de cuantas salidas y entradas realicen fuera del territorio nacional.
NOTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
También se mantiene la obligación de que comparezcan ante el tribunal cuantas veces sean citados, y de que le comuniquen el domicilio que fijen para notificaciones y citaciones, así como de cualquier cambio de residencia que efectúen. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión provisional para José María del Nido condenado por el cobro de encargos jurídicos que eran innecesarios al Ayuntamiento de Marbella y Julián Muñoz por lucrarse a costa de las arcas municipales. En el auto, que consta de doce folios, el tribunal hace un apercibimiento a uno de los condenados el exconcejal Esteban Guzmán, que no estuvo presente en la vista sobre las medidas cautelares y la Sala le da cinco días para que comparezca.
En caso de que no comparezca emitirán una orden de búsqueda y captura contra el acusado, que está condenado a seis años y un día por delito de fraude debido a que 'incumplió de forma muy grave sus obligaciones'. Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas fueron las principales causas por las que Anticorrupción consideró que debe pedir la prisión para José María del Nido y el resto de los condenados.
RIESGO DE FUGA
El tribunal entiende que el riesgo de fuga 'nunca puede descartarse', pero que no justifica que deba imponerse dado su carácter excepcional y destaca el arraigo de los condenados que hace pensar 'improbable su fuga'. Además se recuerda que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la Ley.
La Sala reconoce que dos de los tres requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional no presentan dudas en este caso, que fueron condenados a penas superiores a los dos años.
NOTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
También se mantiene la obligación de que comparezcan ante el tribunal cuantas veces sean citados, y de que le comuniquen el domicilio que fijen para notificaciones y citaciones, así como de cualquier cambio de residencia que efectúen. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión provisional para José María del Nido condenado por el cobro de encargos jurídicos que eran innecesarios al Ayuntamiento de Marbella y Julián Muñoz por lucrarse a costa de las arcas municipales. En el auto, que consta de doce folios, el tribunal hace un apercibimiento a uno de los condenados el exconcejal Esteban Guzmán, que no estuvo presente en la vista sobre las medidas cautelares y la Sala le da cinco días para que comparezca.
En caso de que no comparezca emitirán una orden de búsqueda y captura contra el acusado, que está condenado a seis años y un día por delito de fraude debido a que 'incumplió de forma muy grave sus obligaciones'. Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas fueron las principales causas por las que Anticorrupción consideró que debe pedir la prisión para José María del Nido y el resto de los condenados.
RIESGO DE FUGA
El tribunal entiende que el riesgo de fuga 'nunca puede descartarse', pero que no justifica que deba imponerse dado su carácter excepcional y destaca el arraigo de los condenados que hace pensar 'improbable su fuga'. Además se recuerda que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la Ley.
La Sala reconoce que dos de los tres requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional no presentan dudas en este caso, que fueron condenados a penas superiores a los dos años.
