El Consejo Territorial del PSOE aprobó por unanimidad su propuesta de reforma federal de la Constitución, con la que los socialistas quieren dar respuesta a las tensiones nacionalistas de CiU y ERC en Cataluña y frenar las ansias de recentralización del PP. Un documento que marca la líneas de trabajo del PSOE en materia de política territorial y de garantía de la cohesión social, según explicaba ayer en Granada el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de reunirse con todos los 'barones' socialistas.
Apenas tres horas ha durado el debate territorial, que ya llegaba muy limado después de meses de negociación, intensificada en los últimos días, especialmente con el PSC, para apostar por el federalismo 'con todas sus consecuencias'.De hecho, tanto Rubalcaba como el primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, presentaban este pacto como un acuerdo que el PSOE y el PSC 'ofrecen al conjunto de los ciudadanos de España'.
Y es que el texto final recoge una de las reivindicaciones del PSC que menos había gustado inicialmente a la dirección federal, el principio de ordinalidad en la financiación autonómica, que Rubalcaba defendió en los términos fijados por el Tribunal Constitucional y como garantía de la nivelación entre autonomías.
Rubalcaba, quien posaba arropado por los dirigentes territoriales del PSOE para leer la que han denominado 'declaración de Granada', con un nuevo pacto territorial titulado 'La España de todos', ha aseverado que los socialistas están dispuestos a enarbolar la 'doble bandera' de las reformas y de los consensos, a debatir ideas y propuestas para solucionar las tensiones territoriales y a tender puentes 'en vez de volarlos, como algunos parecen desear'.
Abogan los socialistas por 'una profunda revisión' y una 'actualización urgente' del modelo autonómico, que ha sido 'un éxito' en estos 35 años pero que necesita perfeccionar algunos aspectos como la distribución competencial, la financiación o los mecanismos de cooperación entre administraciones.
Otro de los objetivos de esta reforma constitucional es blindar los servicios básicos a través de un mínimo en sanidad, educación o pensiones igual para todos. Junto a esa medida, el documento de los socialistas plantea crear un fondo de garantía del Estado del bienestar, similar a la 'hucha' de las pensiones, de modo que 'cuando vengan mal dadas' haya dinero para no tener que recortar derechos básicos.
La supresión del Senado y la introducción en la Carta Magna de las competencias exclusivas del Estado -el resto serían de las comunidades-, junto a la propia configuración de las autonomías en sus denominaciones actuales son algunos de los planteamientos de este pacto territorial, que Rubalcaba ha ofrecido negociar al PP.
Y es que el texto final recoge una de las reivindicaciones del PSC que menos había gustado inicialmente a la dirección federal, el principio de ordinalidad en la financiación autonómica, que Rubalcaba defendió en los términos fijados por el Tribunal Constitucional y como garantía de la nivelación entre autonomías.
Rubalcaba, quien posaba arropado por los dirigentes territoriales del PSOE para leer la que han denominado 'declaración de Granada', con un nuevo pacto territorial titulado 'La España de todos', ha aseverado que los socialistas están dispuestos a enarbolar la 'doble bandera' de las reformas y de los consensos, a debatir ideas y propuestas para solucionar las tensiones territoriales y a tender puentes 'en vez de volarlos, como algunos parecen desear'.
Abogan los socialistas por 'una profunda revisión' y una 'actualización urgente' del modelo autonómico, que ha sido 'un éxito' en estos 35 años pero que necesita perfeccionar algunos aspectos como la distribución competencial, la financiación o los mecanismos de cooperación entre administraciones.
Otro de los objetivos de esta reforma constitucional es blindar los servicios básicos a través de un mínimo en sanidad, educación o pensiones igual para todos. Junto a esa medida, el documento de los socialistas plantea crear un fondo de garantía del Estado del bienestar, similar a la 'hucha' de las pensiones, de modo que 'cuando vengan mal dadas' haya dinero para no tener que recortar derechos básicos.
La supresión del Senado y la introducción en la Carta Magna de las competencias exclusivas del Estado -el resto serían de las comunidades-, junto a la propia configuración de las autonomías en sus denominaciones actuales son algunos de los planteamientos de este pacto territorial, que Rubalcaba ha ofrecido negociar al PP.
