El PP y el PSOE han pactado ayer una reforma normativa que evitará que Batasuna o cualquier partido ilegalizado pueda presentarse a las elecciones mediante subterfugios legales, incluso dentro de la candidatura de un partido legal, cuya lista podría ser anulada por dar cobijo a estos candidatos. De acuerdo con esta reforma, incluso si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, sería expulsado por la incompatibilidad de su acta con la pertenencia a una agrupación, federación, coalición o partido declarado ilegal.
Asimismo, se amplía el plazo para anular candidaturas 'contaminadas', pues si antes el recurso había que interponerlo antes del comienzo oficial de la campaña electoral, ahora el plazo se alarga hasta prácticamente una semana antes de la jornada de los comicios.
Estos son algunos de los términos del acuerdo alcanzado en el marco de la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la legislación electoral.
En conferencia de prensa, han anunciado el pacto el diputado del PSOE José María Benegas, y el del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoces ambos de sus grupos en esa subcomisión.
Preceptos retocados
El acuerdo de socialistas y populares retoca varios preceptos de la legislación electoral vigente, sobre todo el artículo 44, pues se amplía a partidos políticos, a federaciones y a coaliciones la prohibición de presentación de candidaturas, hasta ahora sólo aplicable a las agrupaciones de electores. Tal y como ha explicado Bermúdez de Castro, se anularán aquellas listas en las que figuren personas que continúen la actividad de partidos ilegalizados, ya que serían esas listas las 'instrumentalizadas'.
Ahora bien, si esa instrumentalización por las fuerzas ilegalizadas se extendiera a las estructuras financieras o administrativas de un partido legal, ese partido sería ilegalizado. Este supuesto, de acuerdo con las palabras de Bermúdez de Castro, es poco probable, pero por si ocurriera, esta reforma de la legislación electoral ya contendría garantías para proceder a la ilegalización de un partido en ese caso.
La posibilidad de anular listas instrumentalizadas por Batasuna o fuerzas afines se extiende hasta la misma campaña electoral, en concreto hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria oficial de los comicios, es decir, hasta una semana antes de la jornada electoral. Se alarga también a los días posteriores a la votación, pues desde entonces hasta la proclamación de electos, la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal podrán cursar un escrito pidiendo la suspensión cautelar de esos electos sospechosos de incumplir la Ley de Partidos.
Estos son algunos de los términos del acuerdo alcanzado en el marco de la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la legislación electoral.
En conferencia de prensa, han anunciado el pacto el diputado del PSOE José María Benegas, y el del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoces ambos de sus grupos en esa subcomisión.
Preceptos retocados
El acuerdo de socialistas y populares retoca varios preceptos de la legislación electoral vigente, sobre todo el artículo 44, pues se amplía a partidos políticos, a federaciones y a coaliciones la prohibición de presentación de candidaturas, hasta ahora sólo aplicable a las agrupaciones de electores. Tal y como ha explicado Bermúdez de Castro, se anularán aquellas listas en las que figuren personas que continúen la actividad de partidos ilegalizados, ya que serían esas listas las 'instrumentalizadas'.
Ahora bien, si esa instrumentalización por las fuerzas ilegalizadas se extendiera a las estructuras financieras o administrativas de un partido legal, ese partido sería ilegalizado. Este supuesto, de acuerdo con las palabras de Bermúdez de Castro, es poco probable, pero por si ocurriera, esta reforma de la legislación electoral ya contendría garantías para proceder a la ilegalización de un partido en ese caso.
La posibilidad de anular listas instrumentalizadas por Batasuna o fuerzas afines se extiende hasta la misma campaña electoral, en concreto hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria oficial de los comicios, es decir, hasta una semana antes de la jornada electoral. Se alarga también a los días posteriores a la votación, pues desde entonces hasta la proclamación de electos, la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal podrán cursar un escrito pidiendo la suspensión cautelar de esos electos sospechosos de incumplir la Ley de Partidos.
