La Memoria Anual presentada por Soledad Becerril recoge 773 expedientes en Galicia en 2013.
Los expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo descendieron un 88% en 2013 respecto al año anterior, cuando se dispararon por las miles de reclamaciones contra la supresión de la paga extra de los funcionarios, aunque con relación a las quejas el descenso ha sido del 32,2%.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, presentó ayer en el Congreso y el Senado la Memoria Anual de la institución correspondiente a 2013, que registra un total de 33.167 expedientes, de los cuales 773 fueron en Galicia, mientras que en 2012 hubo 280.592 en todo el estado.
En cuanto a los sectores, la mayoría hacía referencia a la función y empleo públicos (11.529), por delante de la actividad económica (3.550), la administración de justicia (2.204), la sanidad (1.854), la seguridad social (1.385), la hacienda pública (1.267), la política social (1.219) y la educación (1.115).
En materia de Sanidad, Becerril expone que el Ministerio rechazó "diversas" recomendaciones sobre exenciones en el copago farmacéutico, un asunto que junto con las listas de espera constituyen los principales motivos de queja de los ciudadanos a la institución en materia sanitaria.
En el ámbito social, más del 90 por ciento de las quejas tramitadas están relacionadas con situaciones de necesidad y exclusión social, con un notable incremento de las dificultades para el acceso a las rentas mínimas. En el ámbito sociosanitario destaca la dependencia y los problemas de las personas con discapacidad, y los asuntos relativos a menores y familias.
Por último,con respecto a Justicia, el Defensor recoge numerosas quejas referidas al malestar ciudadano por la proliferación de casos de corrupción política y económica que reflejan la inquietud social existente en la que ya es una de las principales preocupaciones de los españoles. Además, la defensora del pueblo llamó la atención a Interior ante el número de quejas por el uso "desproporcionado y excesivo" de la fuerza por parte de los antidisturbios, y recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que elaborase un protocolo de actuación para esas unidades y también expresó el "apoyo" y la "comprensión" de la institución con las víctimas del terrorismo añadiendo que "la sociedad española está en deuda con ellas".
