La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, recibió ayer el respaldo del Gobierno, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras los abucheos de sindicalistas que sufrió el jueves frente a la sede judicial, donde ayer continuó con las declaraciones. La magistrada fue abucheada a su llegada a los juzgados de Sevilla por un grupo de sindicalistas en una acción que para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 'no es admisible en ninguno de los casos'.
La vicepresidenta del Gobierno pidió que se respete la labor de la juez Alaya y emplazó a los sindicalistas a 'respetar las resoluciones judiciales' y si no están de acuerdo, precisó , 'ahí está la vía del recurso legal, no la del recurso al abucheo y al insulto'.
En la misma línea se expresó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que afeó los abucheos y resaltó la 'imparcialidad' e 'independencia' con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.
Con 'todo el respeto' a una institución 'tan importante' como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce rechazó 'terminantemente' la forma en que se llevó a cabo esa protesta.
Más crítico fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que advirtió de que la actitud de decenas de sindicalistas a las puertas de los juzgados donde comparecían dirigentes de UGT y CCOO por el caso de los ERE 'revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de derecho'.
En la misma línea se expresó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que afeó los abucheos y resaltó la 'imparcialidad' e 'independencia' con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.
Con 'todo el respeto' a una institución 'tan importante' como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce rechazó 'terminantemente' la forma en que se llevó a cabo esa protesta.
Más crítico fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que advirtió de que la actitud de decenas de sindicalistas a las puertas de los juzgados donde comparecían dirigentes de UGT y CCOO por el caso de los ERE 'revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de derecho'.
