Siete años después de su nacimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto fin a la doctrina Parot, lo que podría provocar la salida de prisión de decenas de etarras y delincuentes, una decisión ahora en manos de los tribunales que les condenaron. De hecho, los abogados de la etarra Inés del Río, encarcelada en la cárcel coruñesa de Teixeiro, y cuyo recurso motivó la sentencia europea, aseguraron ayer que van a solicitar la 'inmediata' puesta en libertad de 56 reclusos a los que se aplicó retroactivamente la 'doctrina Parot', anulada ahora por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los jueces de la Audiencia Nacional, en el caso de los terroristas, y los de los tribunales provinciales para el resto de condenados serán los que resuelvan los 'hipotéticos pero previsibles' recursos de los penados, según los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz. Ambos fueron ayer los encargados de expresar ayer el 'dolor' del Gobierno y el apoyo a las víctimas tras conocer una resolución de la que no se sienten felices, pero contra la que dicen el Ejecutivo ha hecho todo lo que está en su mano. En su mano estuvo sólo presentar el recurso contra el primer fallo del Tribunal que en julio de 2012 exigió la excarcelación de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos.
FALLO DEFINITIVO
Ayer, el fallo de la gran sala del Tribunal europeo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, da la razón de nuevo, por 16 votos frente a uno, a que la etarra salga de la cárcel y por unanimidad dice que España violó el artículo 5.1 (derecho a la libertad y la seguridad) y el 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Después de la sentencia -hoy la Audiencia Nacional estudiará la excarcelación de Del Río y el viernes ve dos recursos de etarras-, un número de presos que los ministros no han podido cuantificar podrían beneficiarse.
La doctrina nació en su momento del Tribunal Supremo al convertir el recurso del etarra Henri Parot en un nuevo criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios, al computarse éstos sobre cada una de las penas y no sobre el periodo de cumplimiento máximo de 30 años. Y como ni el Gobierno creó la Parot ni tampoco la puede aplicar, lo único que puede hacer ahora y, de hecho, ya ha anunciado que hará, es no pagar a la etarra la indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros en costas a la que le obliga el Tribunal. Según explicó Gallardón, esta cantidad se le descontará a la etarra de la deuda que mantiene con las arcas estatales que asumieron los pagos para resarcir a sus víctimas.
Con todo, los ministros han hecho un llamamiento a la tranquilidad porque el Estado no queda 'inerme' ante delitos de especial gravedad, corregidos en las sucesivas reformas del Código Penal.
Gallardón explicó que la resolución no puede aplicarse a los condenados a partir de la reforma del Código Penal de 1995, que excluyó las redenciones de condena por trabajo penitenciario e introdujo el cumplimiento íntegro de las penas.
Fuera de esta lista y, por tanto, sujetos a una posible libertad, están 56 presos etarras, según cifran los abogados de Del Río, aunque los cálculos de Interior extienden como posibles beneficiarios en una primera fase a 61 reclusos de la banda, seis grapos y 15 delincuentes con tres o más condenas.
Las fuerzas de seguridad 'no van a ir ni más allá de lo que marca la ley', pero si los etarras son recibidos como si fueran 'héroes', señaló Fernández Díaz, los agentes harán lo necesario para que no se vea vulnere 'de nunguna forma' la ley.
FALLO DEFINITIVO
Ayer, el fallo de la gran sala del Tribunal europeo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, da la razón de nuevo, por 16 votos frente a uno, a que la etarra salga de la cárcel y por unanimidad dice que España violó el artículo 5.1 (derecho a la libertad y la seguridad) y el 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Después de la sentencia -hoy la Audiencia Nacional estudiará la excarcelación de Del Río y el viernes ve dos recursos de etarras-, un número de presos que los ministros no han podido cuantificar podrían beneficiarse.
La doctrina nació en su momento del Tribunal Supremo al convertir el recurso del etarra Henri Parot en un nuevo criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios, al computarse éstos sobre cada una de las penas y no sobre el periodo de cumplimiento máximo de 30 años. Y como ni el Gobierno creó la Parot ni tampoco la puede aplicar, lo único que puede hacer ahora y, de hecho, ya ha anunciado que hará, es no pagar a la etarra la indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros en costas a la que le obliga el Tribunal. Según explicó Gallardón, esta cantidad se le descontará a la etarra de la deuda que mantiene con las arcas estatales que asumieron los pagos para resarcir a sus víctimas.
Con todo, los ministros han hecho un llamamiento a la tranquilidad porque el Estado no queda 'inerme' ante delitos de especial gravedad, corregidos en las sucesivas reformas del Código Penal.
Gallardón explicó que la resolución no puede aplicarse a los condenados a partir de la reforma del Código Penal de 1995, que excluyó las redenciones de condena por trabajo penitenciario e introdujo el cumplimiento íntegro de las penas.
Fuera de esta lista y, por tanto, sujetos a una posible libertad, están 56 presos etarras, según cifran los abogados de Del Río, aunque los cálculos de Interior extienden como posibles beneficiarios en una primera fase a 61 reclusos de la banda, seis grapos y 15 delincuentes con tres o más condenas.
Las fuerzas de seguridad 'no van a ir ni más allá de lo que marca la ley', pero si los etarras son recibidos como si fueran 'héroes', señaló Fernández Díaz, los agentes harán lo necesario para que no se vea vulnere 'de nunguna forma' la ley.
