Tras un Pleno de dos días celebrado para unificar doctrina, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha avalado las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, lo que supone desacreditar el criterio fijado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los quince magistrados de la Sala Segunda, incluido su presidente Manuel Marchena, confirmaron el criterio aplicado en su inmensa mayoría por las audiencias provinciales.
Según los últimos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fecha 1 de mayo se habían realizado 2.301 revisiones, de las que resultaron 1.079 rebajas de pena y 108 excarcelaciones.
De esta forma, el Supremo desoye al Ministerio Fiscal, que abogó por mantener las penas antiguas cuando se pudieran imponer con la nueva ley para evitar rebajas automáticas. Fuentes fiscales señalan que García Ortiz esperará a conocer los argumentos jurídicos de los 29 recursos resueltos en este Pleno monográfico para pronunciarse. Los fallos se conocerán en los próximos días.
Marca el camino
Hasta ahora, los tribunales han oscilado entre aplicar rebajas automáticas o mantener las penas antiguas allí donde ha sido posible. En términos técnicos, el debate jurídico se ha situado entre el artículo 2.2 del CP y la citada disposición.
La decisión adoptada por el Supremo marca el camino a los tribunales inferiores a la hora de hacer revisiones. De hecho, estas semanas se ha detectado un parón en las revisiones provocadas por el “sólo sí es sí”, “probablemente”, a la espera de que el Supremo fijara criterio.
Con este Pleno de dos días, el TS ha dado respuesta a un total de 29 recursos contra las revisiones de condenas firmes efectuadas por tribunales inferiores.. Se trataba de 22 recursos presentados por los propios condenados, algunos porque no habían visto reducida su pena y otros porque consideraban que la rebaja era insuficiente, y 7 por la Fiscalía. Los magistrados han rechazado los recursos planteados por el Ministerio Público que pedían subir penas -con la excepción de las penas accesorias de los derechos a la patria potestad, tutela y curatela-, desestimando también las peticiones de los condenados en los recursos que presentaron.
Montero, crítica con la decisión del Supremo
La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó de “mala noticia” la decisión del Tribunal Supremo de avalar el criterio aplicado en su inmensa mayoría por las audiencias provinciales. Montero subrayó en su valoración de esta decisión que el Supremo haya “rechazado” el “criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio” de mantener las penas antiguas cuando se pudieran imponer con la nueva ley y así evitar rebajas automáticas. El Supremo aporta claridad a los tribunales autonómicos, que no coinciden en su forma de proceder.
La titular de Igualdad dijo que, ahora “es fundamental acelerar la puesta en marcha de todas las medidas de la ley del solo sí es sí que protegen a las mujeres víctimas de violencias sexuales”, como la “especialización judicial, asistencia jurídica gratuita, centros de crisis, psicólogas y abogadas sin necesidad de denuncia”.
Un texto polémico que partió en dos la coalición de Gobierno
La ley integral de libertad sexual ha sido una norma envuelta en polémicas antes incluso de ver la luz y cuya reforma partió en dos a la coalición de Gobierno. Tras un millar de condenas de agresores sexuales rebajadas y un centenar de excarcelaciones, a finales de abril las Cortes aprobaron definitivamente la reforma de una norma que llevaba apenas seis meses en vigor y que había situado al Ejecutivo en la diana de todas las críticas. Los socialistas fueron incapaces de convencer al Ministerio de Igualdad de Irene Montero y a Unidas Podemos -tampoco a varios de sus socios de la investidura-, con lo que tuvieron que apoyarse en el Partido Popular para volver a subir las penas de las agresiones sexuales con violencia e intimidación y recuperar las horquillas del Código Penal anterior. Convertida en un arma arrojadiza en la campaña de las recientes elecciones autonómicas y municipales, es previsible que la ley y sus “efectos indeseados” sigan presentes en el argumentario político hasta el 23J, a la espera de conocer las cifras actualizadas de condenas revisadas. La reforma se limitó a la parte penal de la ley, un texto que, más allá de la controversia en torno al castigo de los agresores, creó un amplio paraguas de protección para las víctimas. La norma obliga a las comunidades a contar con centros de atención 24 horas, garantiza a las víctimas ayuda psicológica y asistencia jurídica gratuita y apuesta por la especialización de los operadores jurídicos y de todos los profesionales que las atienden.
