El Tribunal Supremo rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por Iustitia Europa, pero abre un plazo de tres días de alegaciones y habilita el mes de noviembre para resolver sobre la suspensión que afecta a los descendientes acogidos a la "ley de nietos". Se estima que la decisión afecta a un grupo de más de 189.000 electores de cara al 29-N.

El gobierno minimiza el impacto electoral, que aplicando los niveles habituales de participación exterior, sería inferior a 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones. Según sus estimaciones, esa cifra representaría menos del 0,06 % de los votos de las elecciones generales de 2023.

La aplicación de la Ley de Memoria Democrática plantea interrogantes sobre la confianza legítima de quienes tramitaron su nacionalidad siguiendo las instrucciones oficiales y sobre la necesidad de proteger sus derechos ante posibles cambios de criterio administrativo

La asociación solicita identificar a estos electores y suspender los efectos de su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión sobre la malversación abre un nuevo enfrentamiento entre los dos altos tribunales, mientras sigue pendiente el pronunciamiento sobre Carles Puigdemont

El tribunal considera que el primer golpe no constituye delito porque no dejó lesiones acreditadas, pero mantiene la condena por una segunda bofetada que provocó una herida en el labio de la menor

El alto tribunal exige a los ministerios de Justicia y Exteriores la lista nominal de los ciudadanos a los que se ha suspendido cautelarmente el derecho al voto y advierte de posibles sanciones de 1.000 euros si incumplen la orden.

Advierte al gobierno de que su "inacción" a la hora de verificar la documentación puede dejar sin voto a personas que sí acreditaron correctamente sus vínculos con el exilio, a las que no les afecta la suspensión cautelar, y Bolaños asegura que se cumplirán los plazos

Los cuatro consejeros de la lista en el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires reivindican las garantías constitucionales del sufragio y rechazan los cuestionamientos sobre los derechos políticos de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática

Esta semana trascendía que un juzgado de Madrid admitía a trámite una querella de Hazte Oír contra Puente por presunta prevaricación, pese a que la Fiscalía había solicitado su archivo

El tribunal descarta, por diez votos a dos y con el aval de su presidente, corregir las medidas cautelares dictadas por el Supremo, como pedía el Defensor del Pueblo

Según diversas fuentes, una mayoría del pleno podría inadmitir el recurso por considerarlo prematuro, al entender que todavía no se ha agotado la vía judicial ordinaria y que el Tribunal Supremo mantiene abierto el trámite de alegaciones para las personas afectadas por la suspensión cautelar

Miguel Ángel del Arco Blanco, galardonado por su obra "La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra", sostiene que muchos emigraron durante la guerra y la posguerra porque no tenían qué comer y que esa realidad apenas dejó rastro documental

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acata la decisión sobre la amnistía y levanta la orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero defiende que la interpretación que hizo de la ley era constitucionalmente admisible

La cantante y secretaria de la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina cuestiona la actuación del Tribunal Supremo y advierte de las dificultades para recurrir una medida que afecta a miles de personas

La magistrada María Alicia Millán Herrandis sostiene que la convocatoria electoral cambió las circunstancias del caso y que mantener la medida podía privar de forma irreversible del sufragio a ciudadanos cuya nacionalidad y situación censal seguían siendo jurídicamente eficaces.

El Ministerio de Ciencia abre una consulta pública para tramitar de nuevo la norma, que incluye un mínimo de 4.500 estudiantes, más inversión en investigación y mayores garantías económicas.

La Junta Electoral Central autoriza el envío de documentación electoral a los residentes en el extranjero, aunque exige advertir de la suspensión del voto decretada por el Supremo

La defensa legal está a cargo Eduardo Ranz y Juan Manuel Caloto, vinculados al equipo del exmagistrado del Supremo José Martín Pallín, cuya colaboración ha agradecido la asociación