El Tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín sobre la hermana del rey Felipe VI.
La Audiencia de Palma ha decidido hoy que la infanta Cristina siga en el banquillo en el juicio del caso Nóos como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, al considerar que la acción popular puede mantener la acusación en solitario.
El tribunal provincial ha desestimado la aplicación de la llamada doctrina Botín porque entiende que el delito contra Hacienda que se imputa a la infanta daña un bien colectivo y por tanto la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado" y cabe una acusación popular, como la que ejerce en este caso Manos Limpias.
En un auto de 85 páginas, la Audiencia ha rechazado el archivo de la causa contra la infanta, cuya defensa sostenía que se le aplicara la doctrina Botín, según la cual no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, como acusación particular, pedían también el archivo.
Las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma creen que el caso Nóos es "un escenario distinto" al que plantea la doctrina Botín y que la acción popular sí está legitimada para actuar porque el delito contra Hacienda daña un bien colectivo en el que la Agencia Tributaria no es "el único perjudicado".
Manos Limpias pide una condena de 8 años de prisión para la infanta y multa de 2 millones de euros.
La decisión adoptada por la Audiencia implica que la infanta se mantendrá como acusada junto a los otros 17 procesados en el juicio, que se reanudará el 9 de febrero.
Todos los acusados deberán estar presentes en el juicio hasta que declare el último de ellos, que será doña Cristina. Para las comparecencias de los encausados hay señaladas doce jornadas, programadas de martes a viernes, desde el 9 al 26 de febrero.
Tal como ha hecho con todos los pasos significativos que han afectado a la infanta Cristina a lo largo del caso Nóos, la Casa del Rey ha reafirmado su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial" tras saber que la hermana de Felipe VI continuará como acusada en el juicio.
También el Gobierno ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, tanto en el caso de la resolución de la Audiencia de Palma sobre la infanta como "en todos" los procedimientos, ha dicho la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El abogado de la afectada, Miquel Roca, ha anunciado que protestará ante la Audiencia de Palma por mantener la acusación ya que considera que el tribunal se aparta de la "literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo" para "hacer suyas" las tesis de Manos Limpias.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que también había pedido el archivo de la causa para la infanta, ha anunciado que interrogará a doña Cristina en el juicio, "en defensa de la legalidad". Ha asegurado que, si bien no comparte la decisión de la Audiencia, la respeta y la considera "muy argumentada jurídicamente" y "sólida".
José Castro, el juez que instruyó el caso y que ha mantenido desde enero de 2014 la tesis de que la infanta debía ser juzgada, en contra de la opinión de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia defensa de doña Cristina, ha rechazado "atribuirse ningún mérito" tras conocer la decisión de la Audiencia. "Yo no he conseguido nada, se ha hecho", ha afirmado.
Según el orden previsto inicialmente por la Audiencia de Palma, el primer acusado en prestar declaración el 9 de febrero en la reanudación del juicio será el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis "Pepote" Ballester.
Si se cumple el calendario previsto por el tribunal, los casi 400 testigos citados a declarar lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo. Entre ellos están el exministro de Economía Rodrigo Rato, los antiguos jefes de la Casa Real Alberto Aza y Fernando Almansa y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.
Las magistradas que conforman el tribunal, Samantha Romero (presidenta y ponente), Eleonor Moyá y Rocío Martín, han fijado el 30 de junio como último día del juicio e inicio del periodo para dictar una sentencia que, al margen de su contenido, será histórica por afectar a una hija y hermana de reyes de España.
