El empresario valenciano Miguel Zorío, declaró que Iñaki Urdangarin le instó a cambiar el concepto de una factura de 241.971 euros, de la que el instituto Nóos se sirvió para lograr que la Generalitat Valenciana le abonase la anterior cantidad de cara a la organización de unos Juegos Europeos (JJEE) que nunca llegaron a celebrarse.
El dueño de la empresa Lobby de Comunicación fue el último de los tres imputados que declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma con relación a esta causa en la que se investiga el desvío de fondos públicos al instituto Nóos y a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis).
Zorío explicó que su empresa emitió esta factura el 31 de julio de 2006 bajo conceptos como la elaboración de planes de comunicación y de estudios estratégicos sobre atletismo y fútbol, susceptibles de encajar en los futuros JJEE pero ninguno de los cuales, según los investigadores, llegó a plasmarle en proyecto alguno.
Por su parte, el apoderado del duque de Palma en Aizoon, Mario Sorribas, declaró también como imputado y dijo que esta empresa -propiedad al 50% de Urdangarin y de la infanta Cristina- no tenía trabajadores.
También declaró el presunto testaferro Robert Cockx, quien admitió que cobró una comisión del 5% por permitir el ingreso de 300.000 euros procedentes de la trama en una cuenta suiza a nombre de su empresa Alternative General Service.
Las declaraciones de ayer comenzaron con un testigo, el empresario Álex Sánchez Mollinger que afirmó que él y Urdangarin cobraban 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por buscar patrocinadores, aunque no se materializara la operación.
Zorío explicó que su empresa emitió esta factura el 31 de julio de 2006 bajo conceptos como la elaboración de planes de comunicación y de estudios estratégicos sobre atletismo y fútbol, susceptibles de encajar en los futuros JJEE pero ninguno de los cuales, según los investigadores, llegó a plasmarle en proyecto alguno.
Por su parte, el apoderado del duque de Palma en Aizoon, Mario Sorribas, declaró también como imputado y dijo que esta empresa -propiedad al 50% de Urdangarin y de la infanta Cristina- no tenía trabajadores.
También declaró el presunto testaferro Robert Cockx, quien admitió que cobró una comisión del 5% por permitir el ingreso de 300.000 euros procedentes de la trama en una cuenta suiza a nombre de su empresa Alternative General Service.
Las declaraciones de ayer comenzaron con un testigo, el empresario Álex Sánchez Mollinger que afirmó que él y Urdangarin cobraban 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por buscar patrocinadores, aunque no se materializara la operación.
