El alcalde de Baiona (Pontevedra), Jesús Vázquez Almuíña (PP), rechazó la acusación de prevaricación urbanística formulada por la Fiscalía a instancias de un promotor al que el Gobierno municipal denegó una licencia para edificar. Justificó esta decisión basándola en informes técnicos.
El regidor declaró en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, junto con dos concejales de la Junta de Gobierno local. En su intervención rechazó esa acusación y recalcó que denegó la licencia a los denunciantes porque la parcela no tenía las condiciones y que la decisión se tomó en base a los informes técnicos municipales.
La Fiscalía interpuso una querella criminal contra el alcalde y su Junta de Gobierno a raíz de una denuncia presentada por la promotora Herederos de Concepción Taboada SA, que posee dos parcelas en Baiona en Suelo Urbano Consolidado. Para una de ellas la empresa pidió licencia de edificación y considera que le fue otorgada por silencio administrativo, mientras que la otra ocupa parte de un terreno perteneciente a Jesús Gil, dueño del Hotel Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra).
La empresa Herederos de Concepción Taboada, además de criticar la obligación de tener que negociar un precio desorbitado por una pequeña parcela afectada, también denuncia que el ayuntamiento le impida edificar en el otro terreno en donde, según ellos, podría construir por la calificación de suelo que tiene.
USO DE UNA FIGURA CACIQUIL
A la salida del juzgado, el representante de la promotora Jaime González-Vallarino denunció que el Gobierno local de Baiona impuso para esa segunda parcela un simple área de reparto, lo que obliga a la empresa a negociar con Gil --familiar de uno de los técnicos municipales que denegó la licencia-para poder adquirir el trozo de terreno que les falta.
González-Vallarino aseguró que por ese trozo de terreno, de sólo 27 metros cuadrados, el dueño del Talaso Atlántico pide 1,8 millones de euros, al tiempo que recordó que las áreas de reparto son una figura caciquil y están prohibidas por la legislación urbanística gallega.
Por su parte, el alcalde de Baiona defendió la actuación municipal y se mostró confiado plenamente en la Justicia. Según subrayó, dicha actuación urbanística fue conforme a la normativa y no hay nada que ocultar.
Vázquez Almuíña mantuvo su posición de que no se podían dar licencias y advirtió de que aunque se concedieran por el procedimiento de silencio administrativo no pueden ir en contra de la ley.
La Fiscalía interpuso una querella criminal contra el alcalde y su Junta de Gobierno a raíz de una denuncia presentada por la promotora Herederos de Concepción Taboada SA, que posee dos parcelas en Baiona en Suelo Urbano Consolidado. Para una de ellas la empresa pidió licencia de edificación y considera que le fue otorgada por silencio administrativo, mientras que la otra ocupa parte de un terreno perteneciente a Jesús Gil, dueño del Hotel Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra).
La empresa Herederos de Concepción Taboada, además de criticar la obligación de tener que negociar un precio desorbitado por una pequeña parcela afectada, también denuncia que el ayuntamiento le impida edificar en el otro terreno en donde, según ellos, podría construir por la calificación de suelo que tiene.
USO DE UNA FIGURA CACIQUIL
A la salida del juzgado, el representante de la promotora Jaime González-Vallarino denunció que el Gobierno local de Baiona impuso para esa segunda parcela un simple área de reparto, lo que obliga a la empresa a negociar con Gil --familiar de uno de los técnicos municipales que denegó la licencia-para poder adquirir el trozo de terreno que les falta.
González-Vallarino aseguró que por ese trozo de terreno, de sólo 27 metros cuadrados, el dueño del Talaso Atlántico pide 1,8 millones de euros, al tiempo que recordó que las áreas de reparto son una figura caciquil y están prohibidas por la legislación urbanística gallega.
Por su parte, el alcalde de Baiona defendió la actuación municipal y se mostró confiado plenamente en la Justicia. Según subrayó, dicha actuación urbanística fue conforme a la normativa y no hay nada que ocultar.
Vázquez Almuíña mantuvo su posición de que no se podían dar licencias y advirtió de que aunque se concedieran por el procedimiento de silencio administrativo no pueden ir en contra de la ley.
