Defiende el trabajo de la teniente de alcalde imputada porque 'no hizo nada malo'
El alcalde de Ordes (A Coruña), Manuel Regos Boquete, propondrá en el pleno que se celebrará este martes una modificación del acuerdo alcanzado el 25 de abril para que los concejales asuman el 'compromiso ético' de dimitir de su cargo si son 'llamados a juicio oral' en un proceso penal 'por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo', en lugar de simplemente por ser imputados.
Según ha explicado el regidor, en declaraciones a Europa Press, se trata de una propuesta de la Alcaldía que propone la modificación del acuerdo del 25 de abril promovido por el BNG en el que se acordó que 'todos los miembros del pleno asumen el compromiso ético de dimitir de modo inmediato de su cargo si son imputados en un proceso penal por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo'.
'Metimos la pata', ha argumentado Regos Boquete, para explicar que 'imputado puede estar cualquiera', por lo que defiende incluir en el acuerdo, en lugar de esa figura jurídica, el matiz por quien 'sea llamado a juicio oral en un proceso penal'.
En este sentido, en la propuesta de la Alcaldía se explica que 'el término imputado alude a aquella fase del procedimiento en el cual el juez investiga si existe base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible'. 'En términos jurídicos no existe, por lo tanto, acusado en la fase de instrucción, una persona es acusada únicamente en el momento en el que se haya determinado el objeto de acusación y esto tiene lugar cuando el fiscal o la acusación particular solicitan la apertura de juicio oral mediante el llamado escrito de acusación', sostiene.
En este sentido, la propuesta de Alcaldía resalta que 'no son pocos los procedimientos en los que se lleva a cabo la imputación de cargos públicos y, posteriormente, se lleva a cabo el sobreseimiento de las actuaciones, bien porque no sean constitutivas de delito, bien porque el imputado no tomara parte en ellas'.
'Se estima que la dimisión de un concejal por el simple hecho de ser imputado podría llevar consigo un prejuicio general a la ciudadanía, que apostó directamente por él, eligiendo democráticamente, y limitando la participación política garantizada constitucionalmente, a mayores de que, para el conjunto de la ciudadanía, tal dimisión sería tomada como una confesión de culpabilidad', señala la propuesta de la Alcaldía.
CONCEJALA IMPUTADA
La celebración del pleno, fijado para las 8.00 horas de este martes, en el que se debatirá la propuesta de la Alcaldía se producirá un día antes de que la teniente de alcalde y concejala de Educación, Silvia Marín, declare como imputada ante la jueza instructora de la 'Operación Pokémon' en Lugo.
Al respecto, el alcalde ha defendido el trabajo de la edila y la transparencia de los procesos del Ayuntamiento. Así, ha recordado que días atrás la jueza requirió al Consistorio documentación sobre la adjudicación de la guardería municipal a la empresa Sermasa, investigada en la 'Pokémon', que le ha sido remitida.
Según defiende el alcalde de Unión por Ordes, la adjudicación se llevó a cabo mediante un concurso al que concurrieron varias empresas y se le concedió a Sermasa por decisión de los técnicos.
En esta línea, sobre la citación de la concejala de Educación, en relación a un contrato de sustitución de una trabajadora de la guardería municipal, Regos Boquete ha señalado que la edila 'no hizo nada malo'.
'Va a salir absuelta', ha subrayado el alcalde, que ha recordado que el municipio cuentan con una bolsa de trabajo con unas 1.300 personas y el trabajo en la escuela infantil se refería a un contrato 'de sustitución de cuatro horas y con un sueldo de unos 350 euros'.
Según ha explicado el regidor, en declaraciones a Europa Press, se trata de una propuesta de la Alcaldía que propone la modificación del acuerdo del 25 de abril promovido por el BNG en el que se acordó que 'todos los miembros del pleno asumen el compromiso ético de dimitir de modo inmediato de su cargo si son imputados en un proceso penal por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo'.
'Metimos la pata', ha argumentado Regos Boquete, para explicar que 'imputado puede estar cualquiera', por lo que defiende incluir en el acuerdo, en lugar de esa figura jurídica, el matiz por quien 'sea llamado a juicio oral en un proceso penal'.
En este sentido, en la propuesta de la Alcaldía se explica que 'el término imputado alude a aquella fase del procedimiento en el cual el juez investiga si existe base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible'. 'En términos jurídicos no existe, por lo tanto, acusado en la fase de instrucción, una persona es acusada únicamente en el momento en el que se haya determinado el objeto de acusación y esto tiene lugar cuando el fiscal o la acusación particular solicitan la apertura de juicio oral mediante el llamado escrito de acusación', sostiene.
En este sentido, la propuesta de Alcaldía resalta que 'no son pocos los procedimientos en los que se lleva a cabo la imputación de cargos públicos y, posteriormente, se lleva a cabo el sobreseimiento de las actuaciones, bien porque no sean constitutivas de delito, bien porque el imputado no tomara parte en ellas'.
'Se estima que la dimisión de un concejal por el simple hecho de ser imputado podría llevar consigo un prejuicio general a la ciudadanía, que apostó directamente por él, eligiendo democráticamente, y limitando la participación política garantizada constitucionalmente, a mayores de que, para el conjunto de la ciudadanía, tal dimisión sería tomada como una confesión de culpabilidad', señala la propuesta de la Alcaldía.
CONCEJALA IMPUTADA
La celebración del pleno, fijado para las 8.00 horas de este martes, en el que se debatirá la propuesta de la Alcaldía se producirá un día antes de que la teniente de alcalde y concejala de Educación, Silvia Marín, declare como imputada ante la jueza instructora de la 'Operación Pokémon' en Lugo.
Al respecto, el alcalde ha defendido el trabajo de la edila y la transparencia de los procesos del Ayuntamiento. Así, ha recordado que días atrás la jueza requirió al Consistorio documentación sobre la adjudicación de la guardería municipal a la empresa Sermasa, investigada en la 'Pokémon', que le ha sido remitida.
Según defiende el alcalde de Unión por Ordes, la adjudicación se llevó a cabo mediante un concurso al que concurrieron varias empresas y se le concedió a Sermasa por decisión de los técnicos.
En esta línea, sobre la citación de la concejala de Educación, en relación a un contrato de sustitución de una trabajadora de la guardería municipal, Regos Boquete ha señalado que la edila 'no hizo nada malo'.
'Va a salir absuelta', ha subrayado el alcalde, que ha recordado que el municipio cuentan con una bolsa de trabajo con unas 1.300 personas y el trabajo en la escuela infantil se refería a un contrato 'de sustitución de cuatro horas y con un sueldo de unos 350 euros'.
