La conselleira de Política Territorial, María José Caride, garantizó hoy que el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que modifica la conocida como Lei do Solo, mejorará el acceso de los gallegos a la vivienda, pues se duplicará el número de protegidas en las áreas urbanas y aumentará un 50 por ciento en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
En el debate de totalidad en pleno de esta normativa, Caride recordó que este cambio incrementará de manera general la reserva de suelo para vivienda protegida del 20 al 40 por ciento en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y contribuirá a que el acceso a la vivienda no siga generando desigualdades.
Además, la conselleira explicó que este porcentaje será del 30 por ciento en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 20 si se demuestra que el 30 por ciento es manifiestamente superior para la demanda existente. Igualmente, reiteró que podrán quedar exentos de cualquier porcentaje los de menos de 5.000 habitantes si no hay un mínimo viviendas previstas.
Caride destacó que este proyecto de ley es el resultado del trabajo conjunto con la Consellería de Vivenda e Solo y denunció que el modelo anterior del PP, basado en que el mercado se regula por sí solo, demostró su fracaso con un incremento de los precios del 140 por ciento en los últimos 10 años.
SUELOS DOTACIONALES.
También apuntó que el proyecto de ley que inicia su tramitación parlamentaria prevé la creación de una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública, de manera que la Xunta favorezca el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la población.
Según aseguró la titular de Política Territorial, esta medida permitirá intervenir en el mercado del suelo y llevar a cabo políticas activas como son la construcción de viviendas que podrán ser alquiladas, pero no vendidas.
Otro aspecto que subrayó es que se fijan plazos para garantizar que se construyan las viviendas de protección de manera que éstos no podrán ser superiores a los que se establezcan para edificar las viviendas libres. Las disposiciones transitorias incluyen los mecanismos y requisitos para que los municipios continúen con la tramitación de los planeamientos que estén ya en elaboración.
Por su parte, la diputada del PP Pilar Rojo, que defendió la enmienda a la totalidad de su formación, denunció que estas medidas influirán de manera negativa en un sector con una crisis importante y aventuró que dará más problemas de los que pretende resolver.
ANUNCIO ELECTORALISTA.
Así, reiteró que esta modificación no será efectiva y afirmó que su anuncio fue electoralista, pues llega a pleno un año después de que se anunciase como urgente, justo antes de los comicios municipales de 2007.
Pilar Rojo recordó que éste es un texto que elaboró Vivenda sin el apoyo inicial de Política Territorial, aunque la titular de este departamento, María José Caride, acabó aceptándolo e incluso lo presentó hoy ante el Parlamento.
Es el segundo gol que le mete Vivenda, después del de la Lei do Litoral, advirtió la portavoz 'popular' a Caride, antes de lamentar que Vivenda vuelva a invadir competencias en urbanismo. Así es cómo se hace política en este país, clamó.
La suma de los votos de socialistas y nacionalistas rechazaron la enmienda a la totalidad del PP, por lo que este proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda e solo continúa su tramitación parlamentaria.
Además, la conselleira explicó que este porcentaje será del 30 por ciento en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 20 si se demuestra que el 30 por ciento es manifiestamente superior para la demanda existente. Igualmente, reiteró que podrán quedar exentos de cualquier porcentaje los de menos de 5.000 habitantes si no hay un mínimo viviendas previstas.
Caride destacó que este proyecto de ley es el resultado del trabajo conjunto con la Consellería de Vivenda e Solo y denunció que el modelo anterior del PP, basado en que el mercado se regula por sí solo, demostró su fracaso con un incremento de los precios del 140 por ciento en los últimos 10 años.
SUELOS DOTACIONALES.
También apuntó que el proyecto de ley que inicia su tramitación parlamentaria prevé la creación de una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública, de manera que la Xunta favorezca el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la población.
Según aseguró la titular de Política Territorial, esta medida permitirá intervenir en el mercado del suelo y llevar a cabo políticas activas como son la construcción de viviendas que podrán ser alquiladas, pero no vendidas.
Otro aspecto que subrayó es que se fijan plazos para garantizar que se construyan las viviendas de protección de manera que éstos no podrán ser superiores a los que se establezcan para edificar las viviendas libres. Las disposiciones transitorias incluyen los mecanismos y requisitos para que los municipios continúen con la tramitación de los planeamientos que estén ya en elaboración.
Por su parte, la diputada del PP Pilar Rojo, que defendió la enmienda a la totalidad de su formación, denunció que estas medidas influirán de manera negativa en un sector con una crisis importante y aventuró que dará más problemas de los que pretende resolver.
ANUNCIO ELECTORALISTA.
Así, reiteró que esta modificación no será efectiva y afirmó que su anuncio fue electoralista, pues llega a pleno un año después de que se anunciase como urgente, justo antes de los comicios municipales de 2007.
Pilar Rojo recordó que éste es un texto que elaboró Vivenda sin el apoyo inicial de Política Territorial, aunque la titular de este departamento, María José Caride, acabó aceptándolo e incluso lo presentó hoy ante el Parlamento.
Es el segundo gol que le mete Vivenda, después del de la Lei do Litoral, advirtió la portavoz 'popular' a Caride, antes de lamentar que Vivenda vuelva a invadir competencias en urbanismo. Así es cómo se hace política en este país, clamó.
La suma de los votos de socialistas y nacionalistas rechazaron la enmienda a la totalidad del PP, por lo que este proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda e solo continúa su tramitación parlamentaria.
