La Comisión Europea solicitó formalmente información para investigar una posible vulneración del derecho comunitario
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha trasladado este lunes al presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Carlos Lage, la necesidad de habilitar nuevos instrumentos de pago para 'facilitar' la circulación por las autovías del país luso.
Lo ha comunicado en el seno de una reunión de la macrorregión constituida en septiembre, y en la que además de Galicia y la región Norte de Portugal está la Comunidad de Castilla y León, y en la que Fontenla también ha trasladado la 'preocupación' de los empresarios gallegos por las 'dificultades' que, cinco meses después de la entrada en vigor de los peajes en autovías, 'sigue provocando el sistema' de tasas implantado y, por ende, las relaciones comerciales entre ambos mercados.
De esta manera, y con el 'ánimo de resolver un conflicto que se entiende desfavorable para ambas partes', Fontenla -según indica la CEG en un comunicado de prensa- ha solicitado a Carlos Lage 'una actitud conciliadora por parte del Gobierno portugués para 'desatascar esta situación y encontrar vías de solución a los problemas'.
Asimismo, Fontenla le explicó que la CEG ha reforzado la denuncia presentada ante la Comisión Europea en octubre sobre la entrada en vigor de la nueva normativa de peajes en Portugal, al poner en conocimiento de la Dirección General de Movilidad y Transportes de este órgano y de los eurodiputados gallegos que, a mediados del mes de abril, se implantará el sistema de peajes en nuevas vías que afectan de manera 'directa' a las conexiones entre Galicia y el norte de Portugal y de la macrorregión.
VÍAS
En este sentido, se ha referido a la A-24, autovía que une la localidad de Verín a través de Chaves, con Viseu; y la extensión del peaje de la A-28, que enlaza la región del Minho con Oporto, al tramo de Caminha-Viana do Castelo.
Al respecto de la macrorregión, el peaje empezará a aplicarse a partir del 15 de abril en la A-25, que une la frontera de Castilla y León con Aveiro; y la A-23, la Autoestrada de la Beira interior, que aproxima esta comunidad con la capital portuguesa.
Por su parte, según informa la CEG, la Comisión Europea ha puesto en conocimiento de la organización empresarial gallega que, a consecuencia de la denuncia presentada, ha solicitado formalmente información a las autoridades portuguesas sobre el régimen de peajes para investigar una posible vulneración del derecho comunitario.
Tras la entrada en funcionamiento de los primeros peajes, en las autovías del norte de Portugal, la CEG presentó un recurso ante la Comisión Europea y una petición ante el Parlamento europeo, al entender que el sistema dinámico de pago adoptado por las autoridades lusas 'entorpece la libre circulación de personas y bienes', y que las exenciones y bonificaciones de las que disfrutan en exclusiva los ciudadanos y empresas lusas 'vulneran la normativa comunitaria'.
La creación de la macrorregión busca fomentar la cohesión económica, social y territorial de las regiones que la integran en base a los recursos compartidos e intereses comunes. En el encuentro de este lunes, han participado el presidente Confederación de Organizaciones de Empresarios de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado; el titular de la Associaçao Empresarial de Portugal (AEP), José Antonio Barros; junto con Antonio Fontenla y el representante de la Administración lusa.
De hecho, se trata de la primera de las tres reuniones que los representantes empresariales van a mantener con los dirigentes de los territorios que conforman la macrorregión, por lo que en próximas semanas se producirán nuevos contactos con los presidentes de la Junta de Castilla y León y de la Xunta.
Lo ha comunicado en el seno de una reunión de la macrorregión constituida en septiembre, y en la que además de Galicia y la región Norte de Portugal está la Comunidad de Castilla y León, y en la que Fontenla también ha trasladado la 'preocupación' de los empresarios gallegos por las 'dificultades' que, cinco meses después de la entrada en vigor de los peajes en autovías, 'sigue provocando el sistema' de tasas implantado y, por ende, las relaciones comerciales entre ambos mercados.
De esta manera, y con el 'ánimo de resolver un conflicto que se entiende desfavorable para ambas partes', Fontenla -según indica la CEG en un comunicado de prensa- ha solicitado a Carlos Lage 'una actitud conciliadora por parte del Gobierno portugués para 'desatascar esta situación y encontrar vías de solución a los problemas'.
Asimismo, Fontenla le explicó que la CEG ha reforzado la denuncia presentada ante la Comisión Europea en octubre sobre la entrada en vigor de la nueva normativa de peajes en Portugal, al poner en conocimiento de la Dirección General de Movilidad y Transportes de este órgano y de los eurodiputados gallegos que, a mediados del mes de abril, se implantará el sistema de peajes en nuevas vías que afectan de manera 'directa' a las conexiones entre Galicia y el norte de Portugal y de la macrorregión.
VÍAS
En este sentido, se ha referido a la A-24, autovía que une la localidad de Verín a través de Chaves, con Viseu; y la extensión del peaje de la A-28, que enlaza la región del Minho con Oporto, al tramo de Caminha-Viana do Castelo.
Al respecto de la macrorregión, el peaje empezará a aplicarse a partir del 15 de abril en la A-25, que une la frontera de Castilla y León con Aveiro; y la A-23, la Autoestrada de la Beira interior, que aproxima esta comunidad con la capital portuguesa.
Por su parte, según informa la CEG, la Comisión Europea ha puesto en conocimiento de la organización empresarial gallega que, a consecuencia de la denuncia presentada, ha solicitado formalmente información a las autoridades portuguesas sobre el régimen de peajes para investigar una posible vulneración del derecho comunitario.
Tras la entrada en funcionamiento de los primeros peajes, en las autovías del norte de Portugal, la CEG presentó un recurso ante la Comisión Europea y una petición ante el Parlamento europeo, al entender que el sistema dinámico de pago adoptado por las autoridades lusas 'entorpece la libre circulación de personas y bienes', y que las exenciones y bonificaciones de las que disfrutan en exclusiva los ciudadanos y empresas lusas 'vulneran la normativa comunitaria'.
La creación de la macrorregión busca fomentar la cohesión económica, social y territorial de las regiones que la integran en base a los recursos compartidos e intereses comunes. En el encuentro de este lunes, han participado el presidente Confederación de Organizaciones de Empresarios de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado; el titular de la Associaçao Empresarial de Portugal (AEP), José Antonio Barros; junto con Antonio Fontenla y el representante de la Administración lusa.
De hecho, se trata de la primera de las tres reuniones que los representantes empresariales van a mantener con los dirigentes de los territorios que conforman la macrorregión, por lo que en próximas semanas se producirán nuevos contactos con los presidentes de la Junta de Castilla y León y de la Xunta.
