Crespo ha sostenido que es "imposible" falsificar la organización de estos cursos subvencionados por instituciones públicas por su complejo sistema de homologaciones
El empresario gallego Gerardo Crespo, presunto responsable de una trama de supuestos fraudes en la organización de cursos de formación conocida como Operación Zeta, ha afirmado hoy, tras declarar ante la jueza que instruye el caso, que "se han hecho todos los cursos" presuntamente ficticios, de acuerdo con la investigación.
Del mismo modo, Crespo ha sostenido que es "imposible" falsificar la organización de estos cursos subvencionados por instituciones públicas por su complejo sistema de homologaciones y certificados y que él no ha cometido "ninguna ilegalidad".
"¿Qué daño patrimonial tiene entonces la Administración? Ninguno", ha expresado bajo este razonamiento en el que argumenta que los cursos se han realizado y los alumnos han sido formados.
Para el empresario, las instituciones públicas se han enriquecido a partir de la labor de sus compañías, que financiaban determinados programas con fondos propios, y no al revés, por lo que "no ha lugar a fraude de subvenciones ni ha lugar a estafa".
Crespo ha prestado declaración en los Juzgados de A Coruña durante algo más de tres horas desde su llegada las nueve y media de la mañana, un tiempo en el que ha respondido tanto a las preguntas de su defensa como de la fiscalía y de la juez.
A su salida, ha considerado que "todo tiene una explicación fácil, contable y legal", como probarán -entiende- los informes periciales propios que presentará en las próximas semanas.
Entre ellos, un documento "firmado por la confederación de empresarios de centros de formación de España que explica toda la operativa" de este tipo de compañías, de las que -ha dicho- los magistrados desconocen su funcionamiento, por lo "puede que haya cosas que les puedan parecer lo que no son".
Ante la jueza, Crespo ha defendido que sus empresas "han tenido una actividad mercantil, profesional y de prestación de servicios desde el año 87 hasta el año 2014", en el que se ven obligados "por culpa de este proceso de investigación".
"Éramos una empresa referente en Galicia y ya también en España" y con un "futuro por delante muy importante", ha asegurado, en base a las clasificaciones realizadas por el Ministerio de Empleo en las que aparecía Fundefo, la compañía con supuesta actividad ficticia.
Sin embargo, el empresario ha manifestado que, tras la acontecido en la Operación Zeta, su patrimonio actual es "negativo" y que ha contraído un alto número de deudas por las que puede terminar desahuciado.
Crespo ha denunciado también que Fundefo, "la fundación que en el sumario llaman inventada y fantástica", ha acreditado haber trabajado con distintas instituciones, como los gobiernos autonómicos de Andalucía, Extremadura y Galicia o estatales como el de Portugal.
El principal investigado en la Operación Zeta se ha mostrado, no obstante, dispuesto a volver a declarar en los juzgados una vez se presente la documentación restante, de la que -ha apuntado- "faltan 12 informes" sobre la actividad de sus empresas.
