El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la denominada operación Cóndor y ha decretado que la causa se siga contra ocho personas, entre ellas el dueño de Monbus, y dos empresas --Transportes la Unión y Viajes Fisterra (Interrías)--, por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.
Sin embargo, en el auto, el instructor no ve indicio de delito en los hechos vinculados con el vehículo de lujo de 11 plazas de Monbus, puesto a disposición del expresidente del Congreso José Bono y diversos acompañantes, sin coste alguno para ellos, y por "iniciativa" de Interrías, para su desplazamiento desde Salobre (Toledo) a Sanxenxo (Pontevedra) y luego para rutas turísticas en Galicia, con chófer y guía turístico, y regreso a Castilla-La Mancha (entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2014).
Lo mismo ocurre con los servicios utilizados en el Hotel Talaso de Sanxenxo por parte de José Bono durante su estancia u "obsequios puntuales", sobre los que el juez señala que "no se aprecia indicio alguno de delito, pues, pese a lo prolongado de la investigación, no se pone en relación dichos obsequios ni con el ejercicio, directo o indirecto, pasado o futuro, de funciones públicas del beneficiario ni con resoluciones administrativas dictadas ni con la influencia en su dictado".
En el auto, difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y tras las diligencias practicadas, el magistrado explica que puede considerarse como indiciariamente acreditado que en 2009, la persona que ejercía de administrador de Monbus, Raúl López, alcanzó un acuerdo con los que eran administradores de Viajes Fisterra (Interrías) --padre e hijo--, según el cual esa sociedad, que además de vender circuitos turísticos organizados ofrecía excursiones complementarias opcionales en destino, contrataría a una empresa vinculada al grupo Monbus, Transportes la Unión, como proveedor principal de esas excursiones opcionales.
El pacto consistía, según consta en la resolución, en que Transportes la Unión, la cual sería dirigida por el administrador de Monbus, proporcionaría los autobuses y conductores. Los viajeros abonarían los pagos por esas excursiones a los guías turísticos que los acompañaban en efectivo, sin recibir tiques o facturas.
El instructor relata en el auto que, una vez llevado a cabo el acuerdo, Interrías formó "una caja en B, absteniéndose ambas sociedades y sus gestores, de forma consciente y deliberada, de declarar parte sustancial de tales ingresos ante la Agencia Tributaria, ni por el Impuesto de Sociedades ni por el Impuesto sobre el Valor Añadido, como era obligado, así como de incluirlos en su contabilidad".
El magistrado asegura que hay indicios de que para ello elaboraron, tras haberse puesto de acuerdo en los servicios de autobús que habían de ser facturados y cuáles no (plaza a plaza), así como sobre sus cuantías, "facturas no acordes con la realidad de los servicios prestados". Además, contaron con la intervención de algunos empleados "en la gestión operativa, el registro contable y correspondiente abono irregular en efectivo".
Ambas empresas, según la resolución, llevaban "una contabilidad que, de forma consciente, no reflejaba parte de las operaciones comerciales, con constancia solo de una parte de los servicios efectivamente prestados y sus ingresos, omitiendo/simulando otros servicios y sus ingresos, los cuales Interrías abonó a Transportes la Unión en efectivo, pero cuya contabilización formal no se registraba".
