El juicio contra un matrimonio de Vigo acusado de abusos sexuales a su sobrina menor de edad concluyó en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en Vigo, donde el fiscal mantuvo su petición de 48 años para los miembros de la pareja --24 años para cada uno-y la defensa también se ratificó en su petición inicial de absolución y, subsidiariamente, el reconocimiento de una conducta inadecuada.
En la última sesión, donde el caso quedó visto para sentencia, se ratificaron algunos informes y se dio lectura a las conclusiones, que fueron elevadas a definitivas por las partes, ya que el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 10 años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado, otro de 8 años por difusión de pornografía infantil a través de Internet, aunque no de esta menor, y otro de 6 años por fabricación de pornografía sobre la niña, según confirmó el propio fiscal, Juan Carlos Horro.
En el caso del delito de abusos, Horro pide que se tenga en cuenta el agravante de superioridad dada la relación de parentesco entre los supuestos autores y la víctima, así como por el hecho de que los tíos cuidaban, en algunas ocasiones, de su sobrina.
Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado José Luis Ruibal, también mantuvo su petición inicial de libre absolución para la pareja y, subsidiariamente, el reconocimiento de una conducta inadecuada.
Quizá se cometió un hecho punible, pero se pide que se ajuste al tipo penal, explicó Ruibal, en declaraciones a Europa Press. Por ello, requiere que, en caso de establecerse una condena, esta sea sensiblemente inferior a la planteada por el fiscal, que consideró desproporcionada.
DIFUSION
El letrado consideró que la mujer no participó en los hechos de difusión de material pornográfico en Internet, puesto que no tiene conocimientos informáticos suficientes para colgar las imágenes o descargarlas. A este respecto, estimó que el delito de distribución de pornografía no es atribuible a ella, si bien su marido sí habría bajado este tipo de material.
La víctima no fue llamada a declarar por acuerdo entre las partes y, a pesar de que la Fiscalía solicitó la declaración documental existente, la Audiencia desestimó el requerimiento. En este sentido, la defensa explicó que en la primera sesión de la vista oral, celebrada ayer, se dio a conocer un informe psicológico donde se explica que la menor sufre un trauma por los hechos.
Según la calificación fiscal, los abusos se cometieron de forma continuada entre 2003 y 2008, desde que la víctima tenía 13 años de edad. El ministerio público pide, además de los 24 años de cárcel para cada uno de los supuestos autores, una indemnización de 200.000 euros.
En el caso del delito de abusos, Horro pide que se tenga en cuenta el agravante de superioridad dada la relación de parentesco entre los supuestos autores y la víctima, así como por el hecho de que los tíos cuidaban, en algunas ocasiones, de su sobrina.
Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado José Luis Ruibal, también mantuvo su petición inicial de libre absolución para la pareja y, subsidiariamente, el reconocimiento de una conducta inadecuada.
Quizá se cometió un hecho punible, pero se pide que se ajuste al tipo penal, explicó Ruibal, en declaraciones a Europa Press. Por ello, requiere que, en caso de establecerse una condena, esta sea sensiblemente inferior a la planteada por el fiscal, que consideró desproporcionada.
DIFUSION
El letrado consideró que la mujer no participó en los hechos de difusión de material pornográfico en Internet, puesto que no tiene conocimientos informáticos suficientes para colgar las imágenes o descargarlas. A este respecto, estimó que el delito de distribución de pornografía no es atribuible a ella, si bien su marido sí habría bajado este tipo de material.
La víctima no fue llamada a declarar por acuerdo entre las partes y, a pesar de que la Fiscalía solicitó la declaración documental existente, la Audiencia desestimó el requerimiento. En este sentido, la defensa explicó que en la primera sesión de la vista oral, celebrada ayer, se dio a conocer un informe psicológico donde se explica que la menor sufre un trauma por los hechos.
Según la calificación fiscal, los abusos se cometieron de forma continuada entre 2003 y 2008, desde que la víctima tenía 13 años de edad. El ministerio público pide, además de los 24 años de cárcel para cada uno de los supuestos autores, una indemnización de 200.000 euros.
