El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, volvió a apelar al 'consenso' para la nueva ley de suelo de Galicia, en la que 'hay sitio para todos', aunque los tres grupos de la oposición -PSdeG, AGE y BNG- manifestaron su desconfianza respecto a algunos cambios en la clasificación de los terrenos rústicos, en los que desaparecen los de protección agropecuaria y forestal, y advirtieron de una mayor desprotección.
Hernández abrió ayer las comparecencias en la comisión de estudio para la elaboración de una nueva ley del suelo, en la que participarán otras 31 personas, entre las que figuran representantes políticos municipales, asociaciones agrarias y medioambientales y otros técnicos y expertos en la materia.
El conselleiro aseguró que el borrador remitido al Parlamento pretende ser 'una mano tendida para la concertación' con los grupos parlamentarios y convertirse en 'un primer paso', pero está abierto a aportaciones. Su oferta, recalcó, es 'sincera'.
El portavoz socialista en el debate, Xosé Sánchez Bugallo, replicó que la propuesta de la Xunta tiene 'problemas relevantes', pero, si se superan, el PSOE está dispuesto a trabajar 'honesta y lealmente'; mientras que los representantes de BNG y AGE, Ana Pontón y Antón Sánchez, respectivamente, advirtieron de que se retoma el modelo que permitió la burbuja inmobiliaria y se produce una 'desregulación' desde el punto de vista del medio rural y el medio ambiente.
EVIDENTES MEJORAS
Hernández defendió que el texto remitido a la Cámara gallega presenta 'notables y evidentes mejoras' respecto a la ley vigente y que 'agilizará la tramitación de los planes generales' -de hecho, se propone que se puedan aprobar en tres años, en lugar de los seis actuales de media-. Además, recordó que crea la figura del planeamiento básico para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes -que son la mayoría de los que no tienen ninguna norma urbanística- y supondrá un 'beneficio' también para los trámites de los ciudadanos.
El conselleiro replicó a las críticas de la oposición sobre los cambios en la clasificación del suelo rústico señalando que este se considera 'como productivo' y que la intención es potenciar los usos económicos 'sin menoscabo de la completa preservación de los valores naturales y culturales'.
Además, indicó que entre los objetivos de la nueva regulación están las mejoras paisajísticas, que pasan por obligar a acabar todas las construcciones; que el texto sea más claro 'e inteligible', y la autonomía local, puesto que los ayuntamientos 'adquieren mayores competencias'. En terreno rústico común, podrán dar las autorizaciones directamente, salvo para usos residenciales, instalaciones para transformación de productos y usos turísticos, todos ellos 'tutelados por la Xunta'.
El objetivo final, incidió Hernández, es que ningún ayuntamiento carezca de un plan general de urbanismo y recordó que actualmente solo 73 de 314 tienen uno adaptado a la ley. Por ello, pretende que la nueva norma sea 'más operativa y eficaz' y, para ello, llama al consenso y reitera su 'máxima receptividad' a las propuestas. 'Lo único que nos mueve es el deseo de acertar', añadió.
El conselleiro aseguró que el borrador remitido al Parlamento pretende ser 'una mano tendida para la concertación' con los grupos parlamentarios y convertirse en 'un primer paso', pero está abierto a aportaciones. Su oferta, recalcó, es 'sincera'.
El portavoz socialista en el debate, Xosé Sánchez Bugallo, replicó que la propuesta de la Xunta tiene 'problemas relevantes', pero, si se superan, el PSOE está dispuesto a trabajar 'honesta y lealmente'; mientras que los representantes de BNG y AGE, Ana Pontón y Antón Sánchez, respectivamente, advirtieron de que se retoma el modelo que permitió la burbuja inmobiliaria y se produce una 'desregulación' desde el punto de vista del medio rural y el medio ambiente.
EVIDENTES MEJORAS
Hernández defendió que el texto remitido a la Cámara gallega presenta 'notables y evidentes mejoras' respecto a la ley vigente y que 'agilizará la tramitación de los planes generales' -de hecho, se propone que se puedan aprobar en tres años, en lugar de los seis actuales de media-. Además, recordó que crea la figura del planeamiento básico para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes -que son la mayoría de los que no tienen ninguna norma urbanística- y supondrá un 'beneficio' también para los trámites de los ciudadanos.
El conselleiro replicó a las críticas de la oposición sobre los cambios en la clasificación del suelo rústico señalando que este se considera 'como productivo' y que la intención es potenciar los usos económicos 'sin menoscabo de la completa preservación de los valores naturales y culturales'.
Además, indicó que entre los objetivos de la nueva regulación están las mejoras paisajísticas, que pasan por obligar a acabar todas las construcciones; que el texto sea más claro 'e inteligible', y la autonomía local, puesto que los ayuntamientos 'adquieren mayores competencias'. En terreno rústico común, podrán dar las autorizaciones directamente, salvo para usos residenciales, instalaciones para transformación de productos y usos turísticos, todos ellos 'tutelados por la Xunta'.
El objetivo final, incidió Hernández, es que ningún ayuntamiento carezca de un plan general de urbanismo y recordó que actualmente solo 73 de 314 tienen uno adaptado a la ley. Por ello, pretende que la nueva norma sea 'más operativa y eficaz' y, para ello, llama al consenso y reitera su 'máxima receptividad' a las propuestas. 'Lo único que nos mueve es el deseo de acertar', añadió.
