El Alakrana fue secuestrado a 423 millas de la costa somalí, una distancia en la que sólo pueden operar redes bien organizadas que disponen de abundante armamento. Las embarcaciones que trabajan en el Indico sufrieron en lo que va de año 126 ataques y 44 secuestros. Llevan meses solicitando que se autorice el embarque de militares a bordo, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, pero el Gobierno alega que la ley impide que el Ejército proteja barcos privados. El Ministerio de Defensa recomienda medidas de autoprotección y la contratación de seguridad privada con licencia para manejar fusiles de largo alcance.
Los cogieron con las redes largadas y no pudieron escapar de los piratas, que ya no tienen ningún problema para atacar en alta mar. El Alakrana fue secuestrado por un esquife pirata cuando se dirigía desde puerto a una zona de pesca situada a 423 millas de la costa somalí, una distancia en la que sólo pueden operar redes bien organizadas que disponen de embarcaciones lanzaderas y una compleja infraestructura.
De los 36 tripulantes de este atunero con base en Bermeo, ocho son gallegos: de Baiona y Ribeira. Su secuestro recupera de la memoria más reciente el del Playa de Bakio, retenido en aguas de Somalia durante seis días de marzo del año pasado. No lo liberaron hasta que se pagó un rescate, nunca reconocido oficialmente.
Un año y medio después, las cosas no han cambiado mucho. Los atuneros trabajan en la indefensión y limitados por un perímetro de seguridad. Si, como es el caso del Alakrana, rebasan esa frontera imaginaria, se esfuman las escasas garantías de defensa.
El perímetro de seguridad no es más que un chantaje impuesto por los propios piratas que han conseguido ponerle puertas y límites a la libre circulación en el mar, explica José Manuel Muñiz, presidente de Aetinape. El atún no está siempre en el mismo sitio, es un pez migratorio. Los pesqueros tienen que seguir sus pasos para capturarlo y, si su capacidad de movimientos está limitada por un perímetro de seguridad tan pequeño, los barcos tendrán que volver para casa, añade José Antonio Suárez Llanos, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Tenemos que ir a buscar atunes. No estábamos pescando ilegalmente; estábamos fuera del perímetro, pero no fuera de la ley, añade Antonio Costas, segundo contramaestre del Alakrana, al que el secuestro cogió en tierra por poco; estaba de descanso y su incorporación a la marea estaba prevista para el 20 de octubre. La semana fue especialmente tensa para él porque su hermano sí estaba en el barco en el momento del secuestro. Ahora, finalizada la tempo rada de monzones, las aguas están muy calmas en esa zona del Índico y los piratas pueden moverse con mucha rapidez en sus esquifes, explica Antonio.
Trabajar por necesidad
Elías Gallego, camarero del Alakrana, también apuraba sus últimas semanas de descanso en Baiona cuando saltó la noticia del secuestro. Tiene 48 años y lleva cuatro en el atunero vasco. Conoce bien los peligros del Índico y no va a alta mar por placer, sino para garantizarse una mejor jubilación; le quedan seis años y quiere aguantar, pero pide medidas urgentes. Nuestra idea es que el Gobierno español haga lo mismo que el francés. Desde que metieron militares en sus barcos no sufrieron más ataques. Esa es la solución, a los franceses no les va mal.
La puesta en marcha de la misión Atlanta reforzó la presencia militar y redujo la conflictividad en la zona que está bajo vigilancia, pero para muchos marineros y armadores esto no es suficiente. Este año se registraron 126 ataques y 44 secuestros. Son menos que en años anteriores, pero siguen siendo demasiados. Solicitan desde hace meses que se autorice el embarque de militares a bordo de pesqueros, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
Hay que buscar nuevas fórmulas para que los pesqueros puedan trabajar tranquilos, como lo hacen las personas en tierra, indica Suárez Llanos, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Para eso tenemos un Ejército que nos protege y unas leyes que nos amparan; hay que saber utilizar convenientemente estas herramientas para poder trabajar en paz.
Un país unilateralmente no puede hacer frente a este asunto, es necesaria una solución global. Francia adoptó en su día la medida de incorporar militares y, desde ese momento, el resto de la flota queda en situación de inferioridad, añade José Manuel Muñiz. Tenemos dos alternativas: sumarnos a la fórmula de los franceses, lo más efectivo a corto plazo, o buscar otras opciones con garantías para los barcos que operan en la zona.
A los piratas hay que enfrentarse con dureza e inflexibilidad. Todas las fuentes consultadas coinciden en que debe ser una actuación contundente y conjunta de la Unión Europea. Las discrepancias surgen cuando se plantean las medidas a corto plazo; la opción militar es la mayoritaria, pero hay otras. Creo que sería mucho más factible atacar las bases que tienen en tierra, en el norte de Somalia. Existe una resolución de Naciones Unidas que permite estas actuaciones y deberíamos concentrar la acción militar en tierra, no en alta mar, apunta Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
La negativa del Gobierno español a embarcar militares abre la puerta a mercenarios y soldados retirados
El Gobierno recomienda medidas de autoprotección y la contratación de seguridad privada para hacer frente a los piratas; autoriza incluso que esos agentes puedan utilizar fusiles de largo alcance para luchar contra los corsarios del Índico. Armadores y tripulantes insisten en que la mejor opción es embarcar a militares, pero el Ministerio de Defensa alega que la legislación vigente impide que el Ejército pueda ir a bordo de barcos privados.
El argumento gubernamental no es compartido por todos los juristas. Llevar tropas militares en un barco de pabellón español es más una decisión de oportunidad que una decisión jurídica, explica José Manuel Sobrino, catedrático de Derecho Internacional Público. Es necesario proteger intereses de ciudadanos españoles que trabajan en el marco de la legalidad; la oportunidad exige que se haga así. Si existen trabas legislativas, lo desconozco. De ser así, basta con introducir las modificaciones necesarias, sos tiene.
El embarque de personal del Ejército a bordo de buques de capital privado no es posible con la legislación vigente, argumenta Francisco Peleteiro, avogado especializado en asuntos marítimos. Es necesaria una modificación de la normativa. Otros países, como Italia y Francia, permiten la incorporación de infantes de marina a sus barcos, pero en el caso español no es posible.
La inflexibilidad del Gobierno ha obligado a los armadores a mover ficha. Quince atuneros de capital español y bandera de la Islas Seychelles incorporarán efectivos de seguridad privada para repeler las agresiones piratas frente a las costas de Somalia y evitar casos como el del Alakrana. Muchos de los que embarcarán son ex-militares británicos que conocen bien la zona. Son mercenarios, la mejor opción para combatir contra los piratas, apunta un tripulante del Draco, que esta semana partía del puerto de Vigo hacia el Índico.
De los 36 tripulantes de este atunero con base en Bermeo, ocho son gallegos: de Baiona y Ribeira. Su secuestro recupera de la memoria más reciente el del Playa de Bakio, retenido en aguas de Somalia durante seis días de marzo del año pasado. No lo liberaron hasta que se pagó un rescate, nunca reconocido oficialmente.
Un año y medio después, las cosas no han cambiado mucho. Los atuneros trabajan en la indefensión y limitados por un perímetro de seguridad. Si, como es el caso del Alakrana, rebasan esa frontera imaginaria, se esfuman las escasas garantías de defensa.
El perímetro de seguridad no es más que un chantaje impuesto por los propios piratas que han conseguido ponerle puertas y límites a la libre circulación en el mar, explica José Manuel Muñiz, presidente de Aetinape. El atún no está siempre en el mismo sitio, es un pez migratorio. Los pesqueros tienen que seguir sus pasos para capturarlo y, si su capacidad de movimientos está limitada por un perímetro de seguridad tan pequeño, los barcos tendrán que volver para casa, añade José Antonio Suárez Llanos, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Tenemos que ir a buscar atunes. No estábamos pescando ilegalmente; estábamos fuera del perímetro, pero no fuera de la ley, añade Antonio Costas, segundo contramaestre del Alakrana, al que el secuestro cogió en tierra por poco; estaba de descanso y su incorporación a la marea estaba prevista para el 20 de octubre. La semana fue especialmente tensa para él porque su hermano sí estaba en el barco en el momento del secuestro. Ahora, finalizada la tempo rada de monzones, las aguas están muy calmas en esa zona del Índico y los piratas pueden moverse con mucha rapidez en sus esquifes, explica Antonio.
Trabajar por necesidad
Elías Gallego, camarero del Alakrana, también apuraba sus últimas semanas de descanso en Baiona cuando saltó la noticia del secuestro. Tiene 48 años y lleva cuatro en el atunero vasco. Conoce bien los peligros del Índico y no va a alta mar por placer, sino para garantizarse una mejor jubilación; le quedan seis años y quiere aguantar, pero pide medidas urgentes. Nuestra idea es que el Gobierno español haga lo mismo que el francés. Desde que metieron militares en sus barcos no sufrieron más ataques. Esa es la solución, a los franceses no les va mal.
La puesta en marcha de la misión Atlanta reforzó la presencia militar y redujo la conflictividad en la zona que está bajo vigilancia, pero para muchos marineros y armadores esto no es suficiente. Este año se registraron 126 ataques y 44 secuestros. Son menos que en años anteriores, pero siguen siendo demasiados. Solicitan desde hace meses que se autorice el embarque de militares a bordo de pesqueros, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
Hay que buscar nuevas fórmulas para que los pesqueros puedan trabajar tranquilos, como lo hacen las personas en tierra, indica Suárez Llanos, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Para eso tenemos un Ejército que nos protege y unas leyes que nos amparan; hay que saber utilizar convenientemente estas herramientas para poder trabajar en paz.
Un país unilateralmente no puede hacer frente a este asunto, es necesaria una solución global. Francia adoptó en su día la medida de incorporar militares y, desde ese momento, el resto de la flota queda en situación de inferioridad, añade José Manuel Muñiz. Tenemos dos alternativas: sumarnos a la fórmula de los franceses, lo más efectivo a corto plazo, o buscar otras opciones con garantías para los barcos que operan en la zona.
A los piratas hay que enfrentarse con dureza e inflexibilidad. Todas las fuentes consultadas coinciden en que debe ser una actuación contundente y conjunta de la Unión Europea. Las discrepancias surgen cuando se plantean las medidas a corto plazo; la opción militar es la mayoritaria, pero hay otras. Creo que sería mucho más factible atacar las bases que tienen en tierra, en el norte de Somalia. Existe una resolución de Naciones Unidas que permite estas actuaciones y deberíamos concentrar la acción militar en tierra, no en alta mar, apunta Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
La negativa del Gobierno español a embarcar militares abre la puerta a mercenarios y soldados retirados
El Gobierno recomienda medidas de autoprotección y la contratación de seguridad privada para hacer frente a los piratas; autoriza incluso que esos agentes puedan utilizar fusiles de largo alcance para luchar contra los corsarios del Índico. Armadores y tripulantes insisten en que la mejor opción es embarcar a militares, pero el Ministerio de Defensa alega que la legislación vigente impide que el Ejército pueda ir a bordo de barcos privados.
El argumento gubernamental no es compartido por todos los juristas. Llevar tropas militares en un barco de pabellón español es más una decisión de oportunidad que una decisión jurídica, explica José Manuel Sobrino, catedrático de Derecho Internacional Público. Es necesario proteger intereses de ciudadanos españoles que trabajan en el marco de la legalidad; la oportunidad exige que se haga así. Si existen trabas legislativas, lo desconozco. De ser así, basta con introducir las modificaciones necesarias, sos tiene.
El embarque de personal del Ejército a bordo de buques de capital privado no es posible con la legislación vigente, argumenta Francisco Peleteiro, avogado especializado en asuntos marítimos. Es necesaria una modificación de la normativa. Otros países, como Italia y Francia, permiten la incorporación de infantes de marina a sus barcos, pero en el caso español no es posible.
La inflexibilidad del Gobierno ha obligado a los armadores a mover ficha. Quince atuneros de capital español y bandera de la Islas Seychelles incorporarán efectivos de seguridad privada para repeler las agresiones piratas frente a las costas de Somalia y evitar casos como el del Alakrana. Muchos de los que embarcarán son ex-militares británicos que conocen bien la zona. Son mercenarios, la mejor opción para combatir contra los piratas, apunta un tripulante del Draco, que esta semana partía del puerto de Vigo hacia el Índico.
