El Decreto aprobado por el Gobierno para la reforma sanitaria intenta corregir el déficit del sistema nacional de salud con una serie de medidas que han puesto el acento en el control del gasto farmacéutico. La decisión rompe con la gratuidad de los fármacos para jubilados y pensionistas, una decisión que no ha gustado a todos y que ha encontrado el rechazo directo de los partidos de la oposición.
Desde el PP, el senador Francisco José Fernández Pérez, asegura que se trata de una medida necesaria y la justifica por 'el terrible déficit del sistema nacional de salud'. Para defender estas tesis recurre a la evolución del gasto sanitario entre 2009 y 2011, 'período en el que se ha incrementado un 173% cifrándose a finales del 2011 en más de 16.000 millones de euros'.
Por el contrario no lo ve así la diputada socialista Laura Seara que califica como 'grave error' la decisión unilateral del Gobierno de hacer pagar las medicinas a jubilados y pensionistas. 'Se han saltado todos los consensos políticos adoptando una medida, entre muchas, que pretende cambiar el modelo de sanidad tal y como hoy lo conocemos'. Afirma que detrás de estas decisiones del Gobierno se esconde la puesta en marcha de una sanidad 'a la carta y en función de la renta'. Cree que la excusa de la crisis está siendo utilizada para realizar recortes que tienen un fuerte componente ideológico.
Ó ben máis preciado'
Desde las filas del BNG, Olaia Fernández Davila califica a la sanidad pública como 'o ben máis preciado co que conta o estado español' y por eso reclama que se busquen los mecanismos de financiación necesarios para su sostenimiento. En su opinión la financiación se debería hacer a través de los presupuestos del Estado y no sobre los que menos tienen. 'As medidas de redución de prestacións e repago sanitario ou farmaceutico conlevan que se carga sobre as persoas máis vulnerabeis -enfermas e pensionistas- os desequilibrios orzamentarios'. Por eso defiende una progresividad fiscal, para que paguen más los que más tienen.
Uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno es reducir el gasto farmacéutico en 3.000 millones de euros, una posibilidad que tampoco obtiene el consenso de las fuerzas políticas.
Desde el PP el senador Francisco José Fernández cree que es posible si se ponen los medios adecuados y que por encima de todo se debe seguir manteniendo la asistencia sanitaria gratuita 'única en el mundo, y que sólo Inglaterra y Dinamarca tienen un modelo similar'. Por el contrario, Laura Seara cree que eso no es posible y recuerda que el gobierno socialista redujo el coste del sistema sanitario 'de 70.000 a 53.000 millones y el gasto farmacéutico en 6.000 millones'. Afirma que hay alternativas y expone: reducir el déficit, gravar las rentas más altas e incrementar impuestos a las grandes fortunas.
Finalmente Olaia Fernández afirma que para conseguir esos recortes el Gobierno deberá implantar una tarjeta sanitaria cuyo coste va a ser superior al posible ahorro con el 'repago sanitario'.
Por el contrario no lo ve así la diputada socialista Laura Seara que califica como 'grave error' la decisión unilateral del Gobierno de hacer pagar las medicinas a jubilados y pensionistas. 'Se han saltado todos los consensos políticos adoptando una medida, entre muchas, que pretende cambiar el modelo de sanidad tal y como hoy lo conocemos'. Afirma que detrás de estas decisiones del Gobierno se esconde la puesta en marcha de una sanidad 'a la carta y en función de la renta'. Cree que la excusa de la crisis está siendo utilizada para realizar recortes que tienen un fuerte componente ideológico.
Ó ben máis preciado'
Desde las filas del BNG, Olaia Fernández Davila califica a la sanidad pública como 'o ben máis preciado co que conta o estado español' y por eso reclama que se busquen los mecanismos de financiación necesarios para su sostenimiento. En su opinión la financiación se debería hacer a través de los presupuestos del Estado y no sobre los que menos tienen. 'As medidas de redución de prestacións e repago sanitario ou farmaceutico conlevan que se carga sobre as persoas máis vulnerabeis -enfermas e pensionistas- os desequilibrios orzamentarios'. Por eso defiende una progresividad fiscal, para que paguen más los que más tienen.
Uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno es reducir el gasto farmacéutico en 3.000 millones de euros, una posibilidad que tampoco obtiene el consenso de las fuerzas políticas.
Desde el PP el senador Francisco José Fernández cree que es posible si se ponen los medios adecuados y que por encima de todo se debe seguir manteniendo la asistencia sanitaria gratuita 'única en el mundo, y que sólo Inglaterra y Dinamarca tienen un modelo similar'. Por el contrario, Laura Seara cree que eso no es posible y recuerda que el gobierno socialista redujo el coste del sistema sanitario 'de 70.000 a 53.000 millones y el gasto farmacéutico en 6.000 millones'. Afirma que hay alternativas y expone: reducir el déficit, gravar las rentas más altas e incrementar impuestos a las grandes fortunas.
Finalmente Olaia Fernández afirma que para conseguir esos recortes el Gobierno deberá implantar una tarjeta sanitaria cuyo coste va a ser superior al posible ahorro con el 'repago sanitario'.
