El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, ha manifestado este viernes que las intervenciones judiciales en campaña electoral 'contaminan', después de que agentes de la Policía Judicial requirieran expedientes de obras de la Diputación provincial.
'Con respecto a lo que debe de hacer la Justicia, ellos deben de actuar cuando consideren que hay algún problema o denuncia y no nos debe extrañar', ha señalado.
No obstante, el hecho de que coincidan en 'época electoral' estas acciones judiciales, según ha dicho, 'contamina'. 'La Justicia tiene sus propios tiempos, pero que suceda en un periodo como éste contamina y le hace a uno pensar mal', ha recalcado.
En cuanto a la petición de expedientes por parte de la Policía Nacional en la Diputación, ha comentado que se trata de 'administraciones'. 'Yo todos los días envío papeles que me piden los jueces, de temas del ayuntamiento, se mandan certificados', ha dicho.
'Yo creo que no desaparecería ningún papel y no hace falta que se entre en los lugares como se entra, aunque ayer parece que fueron bastante discretos', ha comentado.
'ALGO SORPRENDENTE'
Al respecto, el secretario provincial del PSOE, Ricardo Varela, ha comentado que la actuación policial parece que tiene que ver 'con unos expedientes de hace cinco o seis años'. 'Algo sorprendente', ha apostillado.
'En cualquier caso la Justicia tiene que hacer su trabajo y supongo que lo está haciendo. Nosotros tenemos que respetar el trabajo que hace la Justicia y esperar que los casos se resuelvan con la mayor prontitud posible', ha concluido Varela.
ACTUACIÓN
Agentes de paisano de la Policía Judicial se personaron el jueves en las instalaciones de la Diputación de Lugo para solicitar documentación sobre la contratación de carreteras efectuada por el organismo provincial durante los años 2006 y 2007 y sobre el mantenimiento de estas infraestructuras en el año 2008.
El organismo provincial ha explicado que esta causa por supuestas irregularidades en obras de carreteras lleva abierta en los juzgados desde hace años y recientemente ha sido repartida en cuatro juzgados porque afecta a alcaldes de diversos partidos judiciales.
Así, la solicitud de nueva documentación es consecuencia de la división entre varios juzgados de las investigaciones sobre diferentes obras de carreteras contratadas por la Diputación lucense, mayoritariamente durante la época de Francisco Cacharro Pardo.
No obstante, el hecho de que coincidan en 'época electoral' estas acciones judiciales, según ha dicho, 'contamina'. 'La Justicia tiene sus propios tiempos, pero que suceda en un periodo como éste contamina y le hace a uno pensar mal', ha recalcado.
En cuanto a la petición de expedientes por parte de la Policía Nacional en la Diputación, ha comentado que se trata de 'administraciones'. 'Yo todos los días envío papeles que me piden los jueces, de temas del ayuntamiento, se mandan certificados', ha dicho.
'Yo creo que no desaparecería ningún papel y no hace falta que se entre en los lugares como se entra, aunque ayer parece que fueron bastante discretos', ha comentado.
'ALGO SORPRENDENTE'
Al respecto, el secretario provincial del PSOE, Ricardo Varela, ha comentado que la actuación policial parece que tiene que ver 'con unos expedientes de hace cinco o seis años'. 'Algo sorprendente', ha apostillado.
'En cualquier caso la Justicia tiene que hacer su trabajo y supongo que lo está haciendo. Nosotros tenemos que respetar el trabajo que hace la Justicia y esperar que los casos se resuelvan con la mayor prontitud posible', ha concluido Varela.
ACTUACIÓN
Agentes de paisano de la Policía Judicial se personaron el jueves en las instalaciones de la Diputación de Lugo para solicitar documentación sobre la contratación de carreteras efectuada por el organismo provincial durante los años 2006 y 2007 y sobre el mantenimiento de estas infraestructuras en el año 2008.
El organismo provincial ha explicado que esta causa por supuestas irregularidades en obras de carreteras lleva abierta en los juzgados desde hace años y recientemente ha sido repartida en cuatro juzgados porque afecta a alcaldes de diversos partidos judiciales.
Así, la solicitud de nueva documentación es consecuencia de la división entre varios juzgados de las investigaciones sobre diferentes obras de carreteras contratadas por la Diputación lucense, mayoritariamente durante la época de Francisco Cacharro Pardo.
