El Parlamento de Galicia ha reclamado hoy unánimemente el indulto parcial para dos sindicalistas de Vigo condenados a tres años por participar en un piquete informativo en la huelga provincial del transporte en 2008.
Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, afiliados a CIG y UGT, respectivamente, fueron condenados inicialmente el 9 de mayo de 2011 por el Juzgado de lo Penal número uno de Vigo por un delito del artículo 315.3 del Código Penal, y el fallo fue ratificado dos años más tarde por parte de la Audiencia de Pontevedra al entender que hay un delito contra la libertad de los trabajadores.
La primera petición de indulto fue denegada el pasado mes de diciembre y ahora se ha vuelto a presentar con el respaldo de los sindicatos CIG, UGT y CCOO.
La iniciativa aprobada en el pleno del Parlamento partió de la diputada nacionalista Tereixa Paz, y fue enmendada luego por el popular Miguel Tellado, quien dijo suscribir la petición de indulto por solidaridad con "dos padres de familia" que pueden entrar en prisión por la "irresponsabilidad de unos hechos" de los que cree que ahora están arrepentidos.
Tereixa Paz insistió en que se trata de que dos trabajadores no entren en prisión para cumplir una sentencia que, a su entender, es injusta, y recalcó que ambos tienen su vida "absolutamente normalizada", por lo que reclamó que no entren en la cárcel por una cuestión humanitaria.
Para Paz, la propia sociedad percibe como "absolutamente desproporcionado" que pueda ser penado con tres años un trabajador por defender sus derechos mientras se imponen penas mínimas para delincuentes de "guante blanco".
Tellado recordó que la sentencia indica que han sido identificados como autores del lanzamiento de piedras y objetos contundentes contra los "trabajadores que decidieron ejercer su derecho al trabajo" e indicó que los sindicalistas no han sido condenados por "defender los derechos de los trabajadores" sino por lo contrario, por "vulnerar" los de quienes no quisieron secundar la huelga.
Pero, tras condenar la "extralimitación de algunos piquetes", expresó su solidaridad con los afectados por la sentencia y "nuestro sentimiento humanitario nos lleva a entender la situación difícil por la que están pasando".
Así, dijo solidarizarse con "dos padres de familia".
La socialista Carmen Gallego señaló que, de entrar en prisión, las familias de los sindicalistas quedarían en una grave situación y lamentó que el Gobierno del PP hubiese denegado el indulto en una primera ocasión, por lo que se ha solicitado de nuevo.
A este respecto, señaló que se trata del mismo Gobierno que prepara una ley de seguridad ciudadana que "vulnera derechos de las personas; que manda a la Guardia Civil tirar botes de goma y piedras a los inmigrantes; prepara una ley del aborto que atenta contra la libertad de las mujeres" y que, a la vez "hace amnistías fiscales a implicados en la Gürtel, entre ellos Bárcenas, y tiene en sus filas gente que manda su dinero a Suiza".
Por su parte, Consuelo Martínez, de AGE, lamentó la condena de los sindicalistas y también que ningún empresario haya sido condenado contra los derechos de los trabajadores cuando se les coacciona, dijo, para que no acudan a la huelga.
La diputada del grupo Mixto Carmen Iglesias también expresó su apoyo a la iniciativa porque, de ingresar en la cárcel, las familias de los sindicalistas quedarían "totalmente desamparadas" y también por "humanidad".
