El PPdeG y PSdeG han coincidido hoy en respaldar la elaboración de un estudio por la Xunta para diagnosticar y adoptar medidas sobre las viviendas que no han sido finalizadas debido a la crisis, ante el que AGE y BNG han expresado su desconfianza por no tener claro a quién beneficiaría.
El diputado del PPdeG Román Rodríguez ha expuesto en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial y Obras Públicas esta proposición no de ley que tiene su origen en las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y su incidencia en la actual situación de crisis económica que es necesario resolver, ha dicho.
Si bien no hay datos oficiales del número y la localización de dichas viviendas sin acabar, según Rodríguez, sí existen edificaciones a medio construir repartidas por ciudades y áreas de interés turístico que tienen una repercusión directa en el paisaje y suponen un 'deterioro' del mismo.
'Más allá de esta situación que de por sí sola es grave, afecta también a la cohesión social del entorno desde el punto de vista de que estas construcciones pueden suponer un riesgo de accidente' y también 'de ocupación para usos indebidos que generan una alteración del entorno', ha argumentado.
Rodríguez ha aludido a la variada casuística de estas edificaciones, derivada de procesos judiciales, concursales, de desaparición de empresas, de falta de financiación y de ciudadanos que se encuentran en situaciones de 'manifiesta indefensión', por lo que ha defendido la realización de un diagnóstico para plantear soluciones individualizadas y consensuadas con las instituciones.
'El primer paso importante para dar solución a un problema nuevo que tenemos en nuestro país es abordar de forma inicial un censo, un estudio sobre la situación de estas viviendas', así como de las circunstancias jurídicas y económicas en las que se encuentran, de manera que se pueda elaborar un plan de uso y ver si dichas edificaciones se pueden destinar a usos públicos, ha dicho.
Entre otras medidas ha contemplado también el derribo para generar espacios públicos, por lo que ha incidido en la importancia de un diagnóstico previo a la toma de decisiones políticas.
El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo se ha mostrado a favor de esta proposición no de ley porque 'conocer la realidad siempre es positivo' para poder realizar un diagnóstico y, si bien ha considerado que la legislación ya contempla medidas suficientes para hacer frente a esta problemática, ha dicho que no cuenta con el 'enfoque correcto en este momento'.
Bugallo también ha manifestado que coincide con AGE y BNG acerca de que 'hacer un estudio por hacer sería insuficiente', por lo que ha calificado de 'correcta' pero 'incompleta' la iniciativa del PPdeG porque faltaría determinar qué se hará con las conclusiones a las que se llegue, que en su opinión deberían pasar por 'ayudar a las familias que no puedan completar sus viviendas'.
En este sentido, el parlamentario socialista ha animado a la Xunta a 'recuperar la política de vivienda, tanto desde el punto de vista de los instrumentos legales como de la dotación presupuestaria necesaria'.
La diputada del BNG Ana Pontón ha señalado sus reticencias a la proposición de los populares porque no la ve 'clara' al considerar que 'solo les preocupan las empresas, no las familias' afectadas por esta situación que ha generado desahucios con consecuencias dramáticas y 'ustedes en ese terreno miran para otro lado'.
Ha indicado que no es partidaria de 'dar cheques en blanco' y ha incidido en su 'desconfianza' en el fondo de la iniciativa, al igual que el parlamentario de AGE Antón Sánchez, quien ha dicho que la misma 'puede servir para una cosa como para otra', para bancos o para empresas, ha precisado.
En este contexto, ha defendido la enmienda de su grupo para que el estudio sirva simplemente para aquellas personas que por motivos económicos no pueden finalizar su vivienda y que se promuevan los mecanismos para que la puedan acabar y tener derecho a una vivienda digna.
Si bien no hay datos oficiales del número y la localización de dichas viviendas sin acabar, según Rodríguez, sí existen edificaciones a medio construir repartidas por ciudades y áreas de interés turístico que tienen una repercusión directa en el paisaje y suponen un 'deterioro' del mismo.
'Más allá de esta situación que de por sí sola es grave, afecta también a la cohesión social del entorno desde el punto de vista de que estas construcciones pueden suponer un riesgo de accidente' y también 'de ocupación para usos indebidos que generan una alteración del entorno', ha argumentado.
Rodríguez ha aludido a la variada casuística de estas edificaciones, derivada de procesos judiciales, concursales, de desaparición de empresas, de falta de financiación y de ciudadanos que se encuentran en situaciones de 'manifiesta indefensión', por lo que ha defendido la realización de un diagnóstico para plantear soluciones individualizadas y consensuadas con las instituciones.
'El primer paso importante para dar solución a un problema nuevo que tenemos en nuestro país es abordar de forma inicial un censo, un estudio sobre la situación de estas viviendas', así como de las circunstancias jurídicas y económicas en las que se encuentran, de manera que se pueda elaborar un plan de uso y ver si dichas edificaciones se pueden destinar a usos públicos, ha dicho.
Entre otras medidas ha contemplado también el derribo para generar espacios públicos, por lo que ha incidido en la importancia de un diagnóstico previo a la toma de decisiones políticas.
El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo se ha mostrado a favor de esta proposición no de ley porque 'conocer la realidad siempre es positivo' para poder realizar un diagnóstico y, si bien ha considerado que la legislación ya contempla medidas suficientes para hacer frente a esta problemática, ha dicho que no cuenta con el 'enfoque correcto en este momento'.
Bugallo también ha manifestado que coincide con AGE y BNG acerca de que 'hacer un estudio por hacer sería insuficiente', por lo que ha calificado de 'correcta' pero 'incompleta' la iniciativa del PPdeG porque faltaría determinar qué se hará con las conclusiones a las que se llegue, que en su opinión deberían pasar por 'ayudar a las familias que no puedan completar sus viviendas'.
En este sentido, el parlamentario socialista ha animado a la Xunta a 'recuperar la política de vivienda, tanto desde el punto de vista de los instrumentos legales como de la dotación presupuestaria necesaria'.
La diputada del BNG Ana Pontón ha señalado sus reticencias a la proposición de los populares porque no la ve 'clara' al considerar que 'solo les preocupan las empresas, no las familias' afectadas por esta situación que ha generado desahucios con consecuencias dramáticas y 'ustedes en ese terreno miran para otro lado'.
Ha indicado que no es partidaria de 'dar cheques en blanco' y ha incidido en su 'desconfianza' en el fondo de la iniciativa, al igual que el parlamentario de AGE Antón Sánchez, quien ha dicho que la misma 'puede servir para una cosa como para otra', para bancos o para empresas, ha precisado.
En este contexto, ha defendido la enmienda de su grupo para que el estudio sirva simplemente para aquellas personas que por motivos económicos no pueden finalizar su vivienda y que se promuevan los mecanismos para que la puedan acabar y tener derecho a una vivienda digna.
