Religiosos de la catedral de Santiago presentarán demandas individuales al figurar con nombres, apellidos y domicilios en el manuscrito de 15 folios con acusaciones de robo y de prácticas sexuales en el entorno del templo que el autor confeso de la sustracción del Códice Calixtino ha presentado en el juzgado.
Entienden un atentado grave contra su honor y estas actuaciones, explicó ayer el letrado José Antonio Montero, encargado de la defensa del Cabildo, se producirían al margen de la acción judicial de la basílica, que actuará contra el manifestante, Manuel Fernández Castiñeiras, para denunciar la vulneración del derecho al honor, dignidad y fama, ya proceda en vía penal o civil.
En el caso de las reclamaciones particulares, para las que ya hubo una reunión en el despacho de Montero, se centrarían en las calumnias e injurias, agravadas en este caso por el hecho de que hubo publicidad, de modo que las penas podrían ir de seis meses a dos años. También la catedral demandará a la letrada encargada de la defensa de Castiñeiras y acudirá a los organismos correspondientes por la posible vulneración que hizo de las normas del Código Deontológico de la Abogacía. Este quebrantamiento, indicó Montero, puede conllevar desde una expulsión del colegio profesional hasta una amonestación o suspensión para el ejercicio de este oficio por un período que puede ir desde tres meses a dos años.
Manuel Fernández Castiñeiras cita en su acta de manifestaciones, -que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago admitió a trámite para evitar 'más recursos' que dilaten el juicio-, casos concretos, con nombres y apellidos, de lo que llama 'actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal' en el entorno del templo gallego, 'intensas relaciones sentimentales' o 'relaciones sexuales'.
En el caso de las reclamaciones particulares, para las que ya hubo una reunión en el despacho de Montero, se centrarían en las calumnias e injurias, agravadas en este caso por el hecho de que hubo publicidad, de modo que las penas podrían ir de seis meses a dos años. También la catedral demandará a la letrada encargada de la defensa de Castiñeiras y acudirá a los organismos correspondientes por la posible vulneración que hizo de las normas del Código Deontológico de la Abogacía. Este quebrantamiento, indicó Montero, puede conllevar desde una expulsión del colegio profesional hasta una amonestación o suspensión para el ejercicio de este oficio por un período que puede ir desde tres meses a dos años.
Manuel Fernández Castiñeiras cita en su acta de manifestaciones, -que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago admitió a trámite para evitar 'más recursos' que dilaten el juicio-, casos concretos, con nombres y apellidos, de lo que llama 'actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal' en el entorno del templo gallego, 'intensas relaciones sentimentales' o 'relaciones sexuales'.
