El Parlamento de Galicia aprobó ayer los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2012, los últimos que gestionará íntegramente el actual Gobierno y que tienen una capacidad de gasto de 9.135 millones, con los votos a favor del PPdeG y en contra del PSdeG y BNG.
El PPdeG sólo aceptó siete enmiendas de los socialistas que, pese a esta modificación, consideraron que los presupuestos quedan prácticamente igual que cuando los elaboró la Xunta, tal y como criticaron también los nacionalistas gallegos, que no ven ningún cambio sustancial en las cuentas públicas.
En sesión vespertina, el PPdeG volvió a aprobar en solitario la ley de acompañamiento de los presupuestos, que la oposición advirtió que puede ser ilegal e incluso atentar contra la Constitución y su derecho a la asistencia sanitaria universal. PSdeG y BNG aseguraron que la nueva normativa limita el acceso a esta asistencia, excepto en las urgencias, a personas que lleven empadronadas en la comunidad un mínimo de 183 días por lo que 'quiebra la universalidad de la atención sanitaria', afirmó la diputada socialista María José Caride.
El diputado del PPdeG Alberto Sueiro Pastoriza aseguró que el requisito de los seis meses de empadronamiento 'se refiere claramente a los extranjeros que vienen por primera vez a Galicia' y es para evitar el 'turismo sanitario'. Sueiro insistió en que 'sólo afecta a aquellas personas que quieren hacer un uso indebido de la sanidad y que no son españoles', pero los partidos de la oposición coincidieron en que esta interpretación no es la que figura en el texto normativo e incluso le acusaron de mentir.
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos introduce novedades como el cobro de 10 euros por la reposición de la tarjeta sanitaria o cambios en la ordenación farmacéutica y modifica unos 60 artículos de 15 leyes, además de derogar la de contaminación acústica.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Las críticas de la oposición se centraron sobre todo en el artículo 31 de esta ley, el que 'limita de manera ilegal el acceso a la atención sanitaria' advirtió el portavoz del BNG Carlos Aymerich.
Por su parte, la socialista María José Caride apuntó que este artículo incluso conlleva un 'problema de legalidad constitucional' por limitar el derecho a la atención sanitaria universal y criticó la 'vocación ultraliberal' del PP en el sector sanitario.
Sueiro justificó este requisito así como el cobro por la tarjeta sanitaria que calificó como 'medida preventiva' para impulsar el buen uso de los recursos públicos y destacó que cada año se remiten más de 100.000 de estas tarjetas por su utilización 'no suficientemente cuidadosa'.
En sesión vespertina, el PPdeG volvió a aprobar en solitario la ley de acompañamiento de los presupuestos, que la oposición advirtió que puede ser ilegal e incluso atentar contra la Constitución y su derecho a la asistencia sanitaria universal. PSdeG y BNG aseguraron que la nueva normativa limita el acceso a esta asistencia, excepto en las urgencias, a personas que lleven empadronadas en la comunidad un mínimo de 183 días por lo que 'quiebra la universalidad de la atención sanitaria', afirmó la diputada socialista María José Caride.
El diputado del PPdeG Alberto Sueiro Pastoriza aseguró que el requisito de los seis meses de empadronamiento 'se refiere claramente a los extranjeros que vienen por primera vez a Galicia' y es para evitar el 'turismo sanitario'. Sueiro insistió en que 'sólo afecta a aquellas personas que quieren hacer un uso indebido de la sanidad y que no son españoles', pero los partidos de la oposición coincidieron en que esta interpretación no es la que figura en el texto normativo e incluso le acusaron de mentir.
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos introduce novedades como el cobro de 10 euros por la reposición de la tarjeta sanitaria o cambios en la ordenación farmacéutica y modifica unos 60 artículos de 15 leyes, además de derogar la de contaminación acústica.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Las críticas de la oposición se centraron sobre todo en el artículo 31 de esta ley, el que 'limita de manera ilegal el acceso a la atención sanitaria' advirtió el portavoz del BNG Carlos Aymerich.
Por su parte, la socialista María José Caride apuntó que este artículo incluso conlleva un 'problema de legalidad constitucional' por limitar el derecho a la atención sanitaria universal y criticó la 'vocación ultraliberal' del PP en el sector sanitario.
Sueiro justificó este requisito así como el cobro por la tarjeta sanitaria que calificó como 'medida preventiva' para impulsar el buen uso de los recursos públicos y destacó que cada año se remiten más de 100.000 de estas tarjetas por su utilización 'no suficientemente cuidadosa'.
